Brasil crece y reduce las desigualdades

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La cuestión agraria sigue siendo fuente de conflictos
São Paulo. Brasil ha avanzado mucho en el ajuste económico. Pero lo más destacable es que la estabilización progresa a la par con la reducción de las desigualdades sociales. Los pobres son los más beneficiados por las reformas que han domado la galopante inflación. Dentro de este panorama esperanzador, la reforma agraria, aunque avanza, está aún lejos de culminar y sigue provocando conflictos. El Movimento Sem Terra, muy aplaudido en el extranjero, se ha convertido en la principal fuerza de oposición a la política social del gobierno.

Brasil inauguró 1997 con buen ánimo. Una encuesta, realizada en 47 países de diferentes regiones del mundo por el Instituto Gallup, dio a Brasil el título de campeón del optimismo. El 66% de los brasileños entrevistados afirmaron que 1997 será mejor que el año anterior. Hace años que Gallup elabora esta encuesta, y es la primera vez que Brasil encabeza la lista.

¿A qué atribuir tal confianza en el futuro? Varios factores contribuyen a explicarla. Sin embargo, todo indica que el principal de ellos es la estabilización económica promovida por el “Plan Real” (así llamado por el nombre de la nueva moneda). En 1996, la inflación fue del 9% anual, una de las menores de las últimas décadas. En enero de este año la inflación mensual fue próxima a cero, un resultado no visto en Brasil desde los años 50.

El Plan Real fue implantado en 1994, cuando el actual presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, era ministro de Economía y Hacienda en el gobierno de Itamar Franco. Itamar sucedió a Fernando Collor de Mello, destituido por el Parlamento. El éxito inicial de Cardoso con su programa económico le valió la victoria en las siguientes elecciones a la presidencia de Brasil.

Pasados casi tres años, y ya próximas las elecciones presidenciales de 1998, el Plan Real es la principal baza del partido de Cardoso (socialdemócrata) en sus negociaciones con el Congreso, del que pretende una reforma constitucional para permitir la reelección. El cambio tendría que ser aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, y ya ha salido adelante en la primera.

Menos pobreza

Al Plan Real hay que atribuir el éxito de la tan deseada estabilización. Pero ¿con qué coste social se ha logrado el ajuste económico? Con frecuencia se cree que en Brasil el crecimiento económico ha beneficiado sólo a una parte de la población. Los datos de los últimos años muestran un panorama distinto.

En primer lugar, es necesario señalar que sobre este asunto circula una buena dosis de desinformación, a causa de los diversos métodos empleados para medir la pobreza. Por ejemplo, en 1991, la “Campanha pela Fome” promovida por el sociólogo Herbert de Souza (Betinho), afirmaba que en Brasil había 43 millones de pobres (en una población total de 153 millones), de los que 32 millones eran indigentes. En la misma época, un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) concluía que el número de indigentes era la mitad, o sea, 16 millones. El estudio de Betinho se basó en la metodología de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Para evitar manipulaciones, el IPEA está trabajando junto con la CEPAL y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) con el fin de establecer un criterio único que sirva para calcular el índice de pobreza. La propuesta es adoptar como límite de pobreza una renta familiar inferior al salario mínimo.

Mientras tanto, los datos relativos a 1995 obtenidos por el IBGE revelan cambios significativos con respecto a 1993 en cuanto al nivel y a la distribución de la renta. Los ingresos medios aumentaron un 28% entre esos dos años. La mejora favoreció particularmente a los más necesitados. El 10% de población más pobre vio aumentar sus ingresos un 100%. Esto tuvo consecuencias directas en el índice de pobreza, que pasó del 30% de la población (43,3 millones de personas) en 1993 al 20% (30,4 millones de personas) en 1995. Es el mejor resultado desde 1981.

En cuanto a la distribución espacial de la reducción de la pobreza, los datos señalan índices favorables en todas las regiones, si bien el Norte fue la menos favorecida. Al mismo tiempo, la pobreza disminuyó tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, las áreas metropolitanas fueron las que menos vieron disminuir el número de pobres, particularmente São Paulo.

La inflación, el impuesto de los pobres

Los resultados estadísticos son la confirmación de algo ampliamente comprobado en Brasil: que la inflación es un impuesto que grava principalmente a los más pobres. Son ellos los que tienen una mayor parte de su renta en papel moneda, durante años diariamente corroído por la voraz inflación. Ahora que la moneda es estable, son ellos los principales beneficiados.

Siempre se ha dicho, dentro y fuera del país, que el crecimiento económico en Brasil era un proceso “en que los ricos se hacían más ricos y los pobres, más pobres”. Esa tesis no corresponde ya a la realidad. En las décadas de los 60 y 70 “los ricos se hicieron más ricos y los pobres siguieron siendo pobres”. En los años 90, la máxima sería: “los ricos continúan siendo ricos y los pobres están mejorando”.

A resultas de esa redistribución de la renta, personas de condición más modesta se están alimentando mejor y están comprando más electrodomésticos. La venta de alimentos en los supermercados creció un 86% entre enero de 1994 y fines de 1996.

Reforma agraria

Pero quizá la cuestión social más candente en Brasil es la reforma agraria. Un quinto de la población es rural, y en buena parte no tiene acceso a tierras. En este inmenso país sólo está explotado el 15% de la superficie cultivable, que está en manos de pocos: el 1% de los propietarios es dueño del 44% del terreno agrícola.

En 1984 nació el Movimento Sem Terra (MST), en defensa de los campesinos sin propiedades. Entre sus métodos se incluye la ocupación de fincas, lo que ha dado lugar a episodios de violencia (ver servicio 69/96). Hoy el MST constituye la principal fuerza de oposición a la política social del gobierno.

Para atacar el problema campesino y apaciguar al MST, Cardoso creó el Ministerio para la Reforma Agraria y diseñó un plan para adjudicar tierras a los agricultores sin propiedades. En concreto, se comprometió a asentar a 280.000 familias durante su mandato.

La marcha de los “sin tierra”

Este programa sigue su curso. Según los datos oficiales, en 1996 fueron asentadas 62.000 familias, número superior a la meta del gobierno. El objetivo para este año es dar tierras a 80.000 familias más.

Esos resultados son contestados por el MST, que por su parte afirma haber asentado a 140.000 familias desde la fundación hasta el pasado año. El MST cuenta con apoyo popular: tiene el favor del 52% de los brasileños, según una encuesta realizada en marzo por encargo de la Confederación Nacional de la Industria. La encuesta muestra también que 85% de los entrevistados consideran la invasión de tierras un medio lícito, mientras no haya violencia.

El MST ha conocido el mes pasado una especie de apoteosis merced a la masiva y larga (1.300 kilómetros) marcha que organizó. En la meta, Brasilia, los participantes fueron recibidos por distintas personalidades, entre ellas el presidente Cardoso. Pocos días antes, el gobierno había anunciado el reparto de 108 fincas, con una superficie total de 235.000 hectáreas, expropiadas a deudores insolventes del estatal Banco do Brasil. Y con los sin tierra en la capital, confirmó su propósito de llegar a 280.000 familias asentadas al fin del presente mandato presidencial.

Recurso a la violencia

El MST, que en 1996 vio crecer su poder, con el apoyo general de los medios de comunicación, pretende tomar nuevos rumbos de actuación, a juzgar por las declaraciones de sus dirigentes.

Al término de su XII congreso, celebrado en São Paulo en marzo pasado, el MST anunció que a partir de ahora reaccionará con violencia siempre que las ocupaciones de fincas sean repelidas con violencia. “Siempre fuimos pacientes, pero se nos ha agotado la paciencia”, declaró Gilmar Mauro, de la dirección nacional del movimiento.

El MST decidió que las invasiones serían masivas: “Seremos millares contra media docena de guardas y propietarios”, añadió el dirigente del MST.

Por su parte, el presidente de la União Democrática Ruralista, Roosevelt Roque dos Santos, representante de los intereses de los propietarios, dijo que el MST agravará el conflicto, pues los dueños de haciendas continuarán ejerciendo el derecho de defenderse.

Mons. Lucas Moreira Neves, presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió al asunto poco antes de que la marcha del MST llegara a Brasilia. “Reconocemos -dijo- que ningún otro gobierno había tomado tantas medidas en favor de la reforma agraria, pero se trata de un proceso que no debe decaer”. Añadió que “desde el punto de vista de la moral cristiana, no se puede defender ninguna forma de invasión”.

Una organización poderosa

El MST ha llegado a ser una organización poderosa y rica en recursos. Según un informe elaborado por el periódico Folha de S. Paulo, el MST movió 20 millones de dólares en 1996, utilizados para costear 167 ocupaciones, para la publicación de un periódico mensual de 28.000 ejemplares de tirada y para pagar cursos, viajes y salarios a 800 militantes “profesionales”. Esta suma no aparece en la contabilidad del MST. Su mayor fuente de ingresos (4 millones de dólares) proviene del 2% de la financiación oficial a las familias asentadas. El dinero es depositado en cuentas abiertas a nombre de militantes. Por motivos de seguridad, la administración no está centralizada.

Las 167 invasiones de fincas llevadas a cabo en 1996, con 44.647 familias, costaron 12 millones de dólares, provenientes de las propias familias. El MST se hace cargo de las minutas de los abogados.

En 1996, según el mismo periódico, el MST también contó con ayuda externa. Cuatro entidades le dieron 500.000 dólares: dos alemanas (Pan para el Mundo y Misereor) y dos holandesas (Cebemo e Icco). El dinero se envía con destino a programas específicos, como educación infantil en los campamentos, publicaciones o cursos de capacitación para los agricultores. El MST presenta proyectos a las respectivas entidades para solicitar financiación.

La Unión Europea envía, a través de un programa de apoyo a los derechos humanos, 130.000 dólares al año para pagar los abogados que trabajan en la asesoría jurídica del MST. Esas ayudas, de acuerdo con João Pedro Stédile, uno de los directores nacionales del MST, fueron “fundamentales” para organizar el movimiento, aunque hoy, son “insignificantes” en relación con el presupuesto total. El MST ha decidido no pedir más dinero a esas entidades.

La concesión al MST del Premio Internacional de Desarrollo Rey Balduino ha causado indignación en los medios de comunicación del Brasil. Comparar la prisión sufrida por Nelson Mandela o Aung San Suu Kyi, ambos Premios Nobel de la Paz, con los problemas del MST en Brasil, delata, por lo menos, una enorme desinformación.

Los dos déficits de Brasil

Los buenos resultados económicos de los últimos dos años (la economía creció un 4,2% en 1995 y un 2,9% en 1996) no están exentos de peligros y obstáculos, sobre todo en dos frentes: déficit público y balanza comercial. En 1996, el déficit público nominal fue del 6,05% del PIB, aún muy lejos del 3% propuesto como meta para finales de 1998.

Para solucionar de manera permanente la cuestión del déficit público resulta necesaria una reforma administrativa, fiscal y de la seguridad social. Los proyectos de reforma del fisco y de la seguridad social languidecen en los pasillos del Congreso desde que Cardoso inició su mandato. Ahora, el gobierno espera que lleguen a aprobarse si Cardoso es reelegido.

En cambio, la reforma administrativa fue aprobada por la Cámara, en primera lectura, el mes pasado. El proyecto aprobado no es el original, sino un sustituto que favorece, en el aspecto salarial, a los congresistas y miembros del poder ejecutivo. El gobierno cedió a última hora para que la reforma saliera adelante. Entre los cambios más significativos que introduce el proyecto destaca que los funcionarios públicos pierden la estabilidad en el empleo. La reforma puede suponer un ahorro de 6.000 millones de dólares para las arcas públicas.

El programa de privatizaciones es otro medio previsto para reducir el déficit público. El Plan Nacional de Desestatización prevé ingresos de 10.000 millones de dólares, provenientes de la venta de empresas públicas. En 1996, el Estado recibió por este concepto 5.400 millones de dólares. El destino que dar a los nuevos recursos aún está en discusión. Para el ministro de planificación, Antonio Kandir, el primer objetivo “es mejorar las condiciones financieras del sector público para permitir una reducción de las tasas de interés y una financiación del sector público más tranquila, sostenible y barata”. En los últimos años, tasas de interés elevadas estimularon la entrada de capitales especulativos.

La otra gran amenaza para la economía es el déficit comercial (5.000 millones de dólares en 1996, el mayor de las últimas décadas), consecuencia de la apertura del mercado nacional. En los tres últimos años, las importaciones brasileñas aumentaron más del 100%, mientras que las exportaciones sólo crecieron un 23,9%, de 38.500 millones a 47.700 millones de dólares.

El déficit de la balanza comercial se debe tanto a la política cambiaria, que ha sido uno de los principales instrumentos empleados para la estabilización, como del llamado “coste Brasil” que grava sobre los exportadores. Este coste, que limita la competitividad de los productos brasileños, se debe a unos impuestos elevados, una infraestructura exportadora cara e ineficiente, y una burocracia que no facilita los trámites administrativos.

El gobierno ha adoptado varias medidas al respecto. A fin de favorecer las exportaciones, ha eliminado el impuesto sobre tráfico de mercancías para los productos destinados al exterior. Para reducir las importaciones, exige ahora que los compradores paguen los artículos extranjeros en la misma aduana. Y se propone emplear parte de los beneficios procedentes de las privatizaciones en nuevas infraestructuras, para reducir el “coste Brasil”.

José María Rodríguez Ramos

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