La Paz. Si algo ha quedado claro después de que el 10 de agosto pasado tanto el presidente Morales como los principales prefectos (gobernadores) opositores lograran -a través de un referéndum- un holgado porcentaje de aprobación, y fueran ratificados en sus cargos -con lo cual, no cambiaba sustancialmente la situación previa al referéndum- es que a la democracia boliviana le queda un largo camino para poder ser considerada verdaderamente como tal.
Apenas terminado el recuento de votos, ambas partes han recurrido a la presión violenta para conseguir sus objetivos: la aprobación de la nueva constitución, por parte del gobierno; y el reconocimiento de las autonomías departamentales, por parte de los prefectos opositores.
Lo cierto es que los bloqueos de carreteras, la toma de instituciones gubernamentales, los cercos a las ciudades, y los enfrentamientos entre los grupos movilizados por ambos actores -con su correspondiente saldo de muertos y heridos- responden a la idea de que los mecanismos usuales en un régimen democrático -concertación, negociaciones, diálogo, o, en último término, la intriga- son poco menos que inútiles.
Para empeorar las cosas, Evo Morales parece ser muy reticente a utilizar las fuerzas de seguridad estatales para poner orden, y, en todo caso, nunca las usa para reprimir a los “sectores sociales” que le apoyan. Al fin y al cabo, el concepto de que el Estado es el único que posee el monopolio legítimo de la fuerza fue puesto en entredicho por el mismo Morales cuando era oposición durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
Por tanto, para el gobierno la defensa de la democracia debe quedar en manos de los sectores sociales que se movilizan para favorecer el proceso de cambio patrocinado por el MAS. Que responden a las instrucciones de Morales y que no actúan espontáneamente quedó de manifiesto cuando el 24 de septiembre miles de campesinos -algunos armados- que se trasladaban desde otros departamentos favorables al gobierno para tomar “pacíficamente” Santa Cruz, la capital del principal departamento opositor, se dispersaron con rapidez cuando así lo decidieron sus dirigentes, indudablemente por indicación del gobierno, pues se produjo cuando el presidente se encontraba hablando ante la ONU.
Cerco al Parlamento
Los mismos funcionarios del gobierno -incluido el propio Evo Morales- han expresado con frecuencia que el cambio que se proponen se producirá, “de buenas o de malas”, con o sin diálogo con la oposición. Sin ir más lejos, en estos días, en la reunión de Morales con los sectores sociales, se ha tomado la resolución de cercar a partir del 13 de octubre el Parlamento -cuyo Senado está controlado por la oposición- para obligarle a convocar el referéndum para aprobar la nueva constitución, de la que la gente realmente no sabe mucho en cuanto a su contenido, y que seguramente será aprobada por el solo hecho de ser propuesta por Evo Morales.
En realidad, pocas manifestaciones políticas son “espontáneas” en Bolivia, y menos aún son pacíficas. Al prefecto opositor del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, se lo ha destituido -aprovechando el estado de sitio dictado por el gobierno- para enjuiciarlo con el argumento de haber utilizado sicarios armados para repeler una concentración campesina. Al margen de que se pruebe la conexión de Fernández con lo ocurrido, sí hubo un enfrentamiento a tiros en Pando, y había funcionarios de la Prefectura en él. En el caso de los incidentes que se producían paralelamente en los departamentos de Beni y Tarija, se detuvieron casi instantáneamente en cuanto los prefectos opositores acordaron entrar en un proceso de negociación con el gobierno del MAS.
Tampoco para nadie es un secreto que la responsable de los desmanes contra las oficinas del gobierno en Santa Cruz -la Unión Juvenil Cruceñista- es una especie de grupo de choque de la Prefectura de ese departamento.
Como ya resulta recurrente, después de la crisis, nuevamente se encuentran negociando duramente gobierno y oposición, en esta ocasión a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya intervención ha evitado que las cosas empeoren, y que ha obviado oportunamente a los Estados Unidos, cuyo embajador fue expulsado por Morales, acusado de promover un golpe cívico prefectural contra el gobierno.
Al margen de la difícil coyuntura actual, lo que algunos ven con temor son las consecuencias futuras de la últimamente frecuente tendencia boliviana a recurrir a la violencia política para prevalecer contra el adversario. Una tendencia que -desgraciadamente- la abundancia de convocatorias a las urnas, para elegir o refrendar autoridades o decisiones, no parece que vaya a contrarrestar en el corto plazo. Pues se ha ido introduciendo la idea de que el dirigente político exitoso no es quien mejor sabe comunicar sus propuestas para convencer al electorado, sino el que utiliza la fuerza con más eficacia, a pesar del riesgo de que en algún momento -como ha parecido suceder a mediados de septiembre- la situación se descontrole.