Convertir el aborto un derecho constitucional, como se ha hecho en Francia, supone imponer a otros el deber de eliminar al no nacido a demanda de la gestante.
El Tribunal Constitucional español avala la ley de plazos afirmando que existe un derecho a abortar, aunque no puede explicar por qué entonces no lo hay en todos los casos.
La Universidad está llamada a ejercer una autoridad moral, ni política ni coactiva, impartiendo una formación que no se limite a competencias técnicas.
