La Conferencia Internacional sobre la Familia, celebrada en Doha (Qatar) el 29 y el 30 de noviembre pasado, terminó con una declaración que subraya la necesidad de proteger y fomentar el matrimonio y la institución familiar. El evento, organizado el gobierno de Qatar para conmemorar el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia (1994), reunió a cientos de participantes de muy diferentes países y culturas: delegados gubernamentales, parlamentarios, líderes religiosos y especialistas de diversos ámbitos.
Entre los asistentes más conocidos figuraban el premio Nobel de Economía Gary Becker; el Card. Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia; Mahatir Mohamad, ex primer ministro de Malasia, y el rabino norteamericano Daniel Lapin.
En el preámbulo de la Declaración, los asistentes se han comprometido a crear un Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. El texto, por lo demás, insiste en «la obligación que recae sobre los gobiernos, las organizaciones internacionales y los miembros de cualquier nivel de la sociedad para proteger de forma efectiva la familia».
Así, la Declaración de Doha afirma los siguientes principios:
«La familia es el natural y fundamental núcleo de la sociedad y goza de toda la amplísima posibilidad de protección y asistencia por parte de la sociedad y el estado».
La sociedad y el estado deben «favorecer, preservar y defender la institución del matrimonio», adoptando «medidas eficaces para reforzar la estabilidad del matrimonio, alentado, entre otras acciones, la plena e igual comunidad de marido y mujer dentro de una relación conyugal comprometida y duradera».
«Reafirmamos que el matrimonio debe producirse sólo con el consentimiento libre y pleno de los futuros esposos, que ha de reconocerse el derecho a casarse y a formar una familia al hombre y la mujer, y que el marido y la mujer son por igual esposos».
«La familia tiene la responsabilidad primaria en la educación y protección de los niños en su paso de la infancia a la adolescencia. Los padres tienen el derecho fundamental de elegir el tipo de educación que sus hijos deben recibir y la libertad de garantizar la educación religiosa y moral de sus hijos en conformidad con sus propias convicciones».
La Declaración también «reafirma la importancia de la fe y la religión y las creencias éticas en el mantenimiento, estabilidad y progreso de la familia».
En su llamada a la acción, el documento subraya en primer lugar la necesidad de establecer «indicadores para evaluar el impacto de todos los programas sobre la estabilidad de la familia». Luego, propone «evaluar y examinar las políticas demográficas de los gobiernos, en concreto en países con índices de natalidad por debajo del reemplazo». Otra medida es «animar y sostener a la familia para proveer al cuidado de las personas mayores y los discapacitados».