Punto y aparte en el debate sobre la adopción en Gran Bretaña

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Las agencias católicas siguen defendiendo que un niño crece mejor bajo el cuidado de un padre y una madre que en una pareja homosexual.

Hasta finales de 2008 no entrarán «plenamente» en vigor las Regulaciones sobre Orientación Sexual de la Ley de Igualdad que próximamente será debatida en el Parlamento británico. Hasta entonces, las agencias de adopción confesionales deberán por obligación legal remitir a las parejas del mismo sexo a otras agencias que las acepten como adoptantes. Ese es el resultado provisional de la polémica iniciada hace unos días por el cardenal arzobispo de Westminster, Murphy-O’Connor, primado de los católicos británicos, al pedir una exención por motivos de conciencia para las agencias de adopción católicas. De lo contrario, se verían obligadas a cerrar, dijo (ver Aceprensa 12/07).

Después de que Blair se viese empujado a negarse por la presión de la mayoría de su gabinete y de su partido, y estableciese ese intento de salomónica decisión, ha habido diversas respuestas. Las agencias de adopción han dicho a través de la Catholic Communication Network que «durante este tiempo continuaremos ofreciendo todos nuestros actuales servicios de adopción y evaluaremos el mejor camino en el futuro para asegurar que el bienestar y los intereses de los niños sean el centro de todos los futuros planes de desarrollo».

El arzobispo de Westminster ha escrito un artículo en «The Daily Telegraph», donde muestra un «profundo sentimiento de decepción». Y expone lo que considera «dos importantes consecuencias» de cómo esta controversia ha sido resuelta. La primera sería el hecho de que parejas del mismo sexo y matrimonios (que en el Reino Unido tienen distinta regulación legal) sean tratadas en plano de igualdad a la hora de adoptar. Lo cual se enfrenta con la convicción general de que «un niño crece mejor bajo el cuidado de un padre y una madre, precisamente dentro del tipo de relación en la que un niño es concebido», y que además hace que cualquier organización que crea que el niño está «mejor educado por padre y madre es excluido de los servicios sostenidos con dinero público».

La segunda consecuencia nace de recordar que «las principales confesiones religiosas del país» participan «profundamente» de esa convicción general, y es la de que se está «cerrando el espacio en el cual las convicciones y motivaciones religiosas puedan dar forma y contribuir al bien común».

El debate no se ha cerrado. Efectivamente, el primado anglicano, el arzobispo de Canterbury Rowan Williams, parece ser consciente de ello al haber señalado que le gustaría ver «un debate más serio» acerca de las límites al «poder del Estado para controlar y determinar las acciones de los organismos de voluntariado dentro de él, en su búsqueda de los adecuados objetivos de no discriminación».

Por su parte, el cardenal Murphy-O’Connor anuncia que «este debate no se cerrará», ya que las respuestas a cuál es la mejor manera de ofrecer el cuidado a los hijos y cómo ha de ser la flexibilidad para dar cabida a las agencias de adopción confesionales «son esenciales cuando buscamos formar una visión compartida de lo que constituye el bien común».

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