Los partidarios de eliminar del Código Penal el castigo al cachete se quejan de intromisión estatal en la familia; los que quieren mantenerlo alegan que protege a los niños y no ha dado lugar a procesos contra padres
Una ley aprobada hace dos años sigue causando polémica en Nueva Zelanda, que la dirimirá en agosto por medio de un referéndum. La medida en cuestión es la reforma del Código Penal que, en la sección relativa a malos tratos contra niños, suprimió la cláusula que permitía a los padres corregir a sus hijos usando de “fuerza razonable”.
El motivo de la enmienda era combatir los excesos que hacen de Nueva Zelanda uno de los países con más alta tasa de maltrato de niños (cfr. Aceprensa 8-07-2009). Pero los críticos alegan que en casi todos los casos los abusos son obra de padrastros y otros adultos distintos de los padres, y que para tener a raya a aquellos se prohíbe a estos algo a lo que tienen derecho y que siempre han practicado en bien de los hijos. En fin, sostienen que vetar el cachete es una intromisión del Estado en la vida familiar.
Desde que se aprobó la reforma, las organizaciones contrarias comenzaron a recoger firmas para un referéndum abrogatorio. La primera campaña fracasó, pues no llegó a obtener suficientes firmas válidas en el plazo señalado (hacen falta unas 285.000, equivalentes al 10% del electorado) ni a suplir las que faltaban en la prórroga de dos meses. Por fin, el año pasado, con una operación dirigida entre otros por Bob McCroskie de la organización Family First, se consiguieron 310.000, 25.000 más de las necesarias.
El referéndum podría haberse realizado a la vez que las elecciones generales del pasado noviembre, pero el gobierno laborista presidido por Helen Clark -que perdió los comicios-, contrario a la iniciativa popular, se negó. Su sucesor, John Key, del Partido Nacional, tampoco la apoya, y sostiene que la reforma penal está funcionando bien. La consulta se hará ahora, pero los electores no han sido convocados a las urnas, sino que votarán por correo entre el 31 de julio y el 21 de agosto.
La reforma penal fue aprobada en mayo de 2007 por aplastante mayoría (113 votos contra 7), y sigue teniendo el favor de casi todos los partidos, menos el Kiwi, y de la mayoría de las organizaciones sociales y benéficas, incluidas Unicef, Save the Children y Cáritas. Los de este bando argumentan que tras la aprobación de la enmienda no se ha llevado a los tribunales a ningún padre o madre por dar cachetes. Y en cambio, dicen, la medida ha tenido un apreciable efecto educativo. Algunas encuestas indican que los padres ahora evitan más los castigos físicos. Según una de ellas, dos tercios reconocen haber pegado a sus hijos en alguna ocasión, pero la tendencia creciente es a castigarlos de otras maneras, por ejemplo no dejándoles salir del cuarto. También son más los padres que premian la buena conducta de los niños: del 57% en los años sesenta han pasado al 95% en la actualidad.
Los partidarios de la ley vigente critican además cómo se ha redactado la pregunta sometida a referéndum, cosa que no es competencia de los promotores de la consulta, sino del Clerk of the House o jefe de la secretaría de la Cámara de Representantes. La papeleta dice así: “¿Debe ser delito en Nueva Zelanda dar un cachete como parte de una buena corrección por parte de los padres?” (“Should a smack as part of good parental correction be a criminal offence in New Zealand?”). Es una cuestión con la respuesta pagada, dicen, porque el adjetivo aplicado a la “corrección” sugiere que una cosa “buena” no debería ser delito.
Según los sondeos, en la votación ganará el “No” a la ley vigente por amplia mayoría. De todas formas, en Nueva Zelanda los referendos de iniciativa popular no son vinculantes, de modo que el gobierno y el Parlamento pueden no hacer caso del resultado.