Irlanda tendrá ley del divorcio

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En Irlanda habrá divorcio, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad un recurso contra la validez del referéndum celebrado en noviembre pasado (ver servicio 146/95). La consulta se resolvió a favor del “sí” por estrecho margen (50,3% contra 49,7% de los votos); pero su aplicación estaba suspendida hasta que se resolviera el caso. Ahora el gobierno se dispone a presentar al Parlamento la ley de divorcio, cuyo proyecto ya tenía preparado y aprobó el mismo 12 de junio, fecha en que se publicó la sentencia del Tribunal Supremo.

El divorcio estaba prohibido por la Constitución irlandesa. El gobierno ya intentó cambiar esta norma convocando un referéndum en 1986. En aquella ocasión, el “no” ganó por mayoría del 64%. Pero el año pasado, el ejecutivo volvió a la carga, apoyado por todos los partidos representados en el Parlamento y la mayoría de los medios de comunicación. Puso los recursos del Estado al servicio de la campaña del “sí” y logró su propósito por una diferencia de sólo 9.000 votos.

Tan pequeña ventaja arrojaba una sombra sobre la victoria. Más aún teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo había declarado inconstitucional el uso de fondos públicos a favor del “sí”, obligando al gobierno a suspender su intervención en la campaña (ver servicio 161/95). El recurso contra la actuación oficial fue iniciativa de la parlamentaria ecologista Patricia McKenna, favorable al divorcio. Esto le atrajo críticas de su propio bando; pero ella pretendía evitar que el abuso del gobierno hiciese ilegal el esperado “sí”.

Puede decirse que McKenna ha logrado su propósito. Si, por una parte, aquella sentencia dio base para recurrir el referéndum, por otra, la anulación de la campaña gubernamental ha servido para que ahora el Supremo ratifique el resultado. El fallo reconoce, como el anterior, que el uso inconstitucional de fondos públicos supuso una interferencia ilegítima en el proceso consultivo. Pero señala que el dictamen judicial fue emitido una semana antes de los comicios, de modo que los electores sabían en el momento de votar que habían sido objeto de influencias abusivas, y pudieron decidir con independencia. En segundo lugar, dice el tribunal, no es posible probar que la actuación del gobierno haya afectado decisivamente al resultado del referéndum.

Pese a ello, la sentencia del Supremo es más favorable al recurso que la del tribunal inferior que en febrero pasado lo desestimó en primera instancia. Este sostenía que habría sido necesario probar “sin lugar a ninguna duda razonable” que la campaña oficial había dado la vuelta a la intención de voto, cosa que el Supremo niega: habría bastado, afirma, un juicio de probabilidades; pero tampoco se llegó a eso. Así, el ex senador Des Hanafin, que planteó el caso, lo ha ganado en sus dos terceras partes -según dijo uno de los magistrados-, aunque no en la decisiva; por eso el tribunal le ha eximido de pagar las costas de cuatro de los once días que duró la vista.

Hanafin, figura destacada de la campaña del “no”, ha declarado que acepta el resultado como definitivo, pues no hay otra instancia a la que recurrir tras el fallo del Supremo. “No está previsto que la Corte Europea de Justicia juzgue sobre la interpretación de la Constitución irlandesa”, explica.

La prensa irlandesa ha subrayado la elegancia con que Hanafin ha recibido la sentencia. Y la Campaña por el No al Divorcio ha manifestado en un comunicado público: “Todos los que aprecian el proceso democrático han de reconocer que el interés público fue bien servido al someter a los tribunales, de manera serena y desapasionada, las dudas que pendían sobre el resultado de la votación”. La organización ha prometido “luchar sin cesar” para conseguir un nuevo referéndum.

Los obispos no se pronunciaron de inmediato porque la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal terminó sin que diera tiempo a considerar el asunto. La oficina de prensa de la Conferencia se limitó a recordar la declaración que en su día publicaron los obispos. El cambio legislativo, decía, sólo afecta a la ley civil. La Iglesia no puede reconocer los nuevos casamientos de cristianos divorciados, pues “el matrimonio válido y consumado entre un hombre y una mujer bautizados excluye absolutamente el matrimonio con otra persona mientras vivan ambos cónyuges”.

El proyecto de ley de divorcio iniciará el trámite parlamentario dentro de poco. Todos los partidos lo apoyan, aunque el principal de oposición, Fianna Fáil, ha anunciado que propondrá enmiendas para favorecer la seguridad de los hijos. Se calcula que los jueces no podrán empezar a conceder divorcios hasta dentro de 18 meses por lo menos.

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