Según una jurista lesbiana, las uniones civiles no son un premio de consolación porque tengan prohibido el acceso legal al matrimonio
Da la impresión de que en la aprobación del matrimonio gay en el estado de Nueva York han influido mucho la estrategia política, las convicciones –confusas pero firmes– y hasta, por lo visto, los dólares (cfr. Aceprensa, 3-07-2011). No obstante, el episodio ha dejado en la prensa norteamericana algunos argumentos para comprender mejor el debate sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los partidarios del matrimonio gay a menudo invocan el siguiente argumento: la legalización no quita nada a nadie y, en cambio, amplía los derechos individuales y la libertad personal de los homosexuales que desean casarse con otras personas del mismo sexo. El argumento suena bien y, desde luego, no es disparatado a priori.
Por su parte, quienes se oponen a su aprobación oponen a este otro argumento que (de nuevo, a priori) tampoco suena mal: ya que las uniones entre personas del mismo sexo no cumplen los mismos roles sociales ni los mismos objetivos que las uniones entre hombre y mujer, parece razonable dar a aquellas un tratamiento jurídico distinto al matrimonio, sin que esto suponga discriminación alguna.
George Weigel: “El objetivo del Estado es reconocer y apoyar la institución del matrimonio, no redefinirla”
La libertad de la unión civil
Estas son dos de las ideas-fuerza que están en juego en este debate. Pero, de vez en cuando, alguien se desmarca y sorprende con una argumentación distinta a la “esperada” por quienes cabe suponer que van a apoyar una posición u otra. Así, alguien podría pensar que quien afirma que la aprobación del matrimonio gay le suscita “algunas dudas” es un defensor del matrimonio a secas.
Pero quien dijo esto es nada menos que Katherine Franke, una jurista lesbiana que dirige el Center for Gender and Sexuality en la Columbia Law School. Así lo escribió en una columna en The New York Times el mismo día en que se votaba la ley, cuando –por cierto– ya estaba prácticamente vendido el pescado de las votaciones.
“Mientras muchos de nuestra comunidad han hecho grandes esfuerzos para garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, otros también nos hemos esforzado mucho para desarrollar alternativas al matrimonio. Para nosotros, las uniones civiles no son un premio de consolación porque tengamos prohibido el acceso legal al matrimonio. Al revés, nos han ofrecido una oportunidad para arreglar nuestra vida de una manera que nos da una libertad mucho mayor de la que nos pueden dar las encorsetadas reglas del matrimonio”.
“No estamos en contra del matrimonio. Creemos que el matrimonio ha de ser una elección dentro del menú de opciones en que las relaciones pueden ser reconocidas y ganar en seguridad”.
Franke concluye su artículo con un párrafo que da que pensar: “Lógicamente, muchas parejas del mismo sexo querrán casarse en cuanto les dejen, y nos alegraremos aunque nosotras mismas no escojamos esta opción. Pero nadie debería forzarnos a casarnos para conservar las ventajas que ahora tenemos, para ganar y mantener el respeto de nuestros amigos y de nuestra familia y para ser vistas como buenas ciudadanas”.
Aunque no se entiende bien quién obliga a Franke a casarse (expresión que repite en otra ocasión), hay que reconocer la honradez con que admite a las claras que están muy bien como están porque consiguen hacer compatibles el mantenimiento de las ventajas que les proporcionan las uniones civiles con un estilo de vida que les brinda, a su juicio, “una libertad mucho mayor” que la del matrimonio.
Si matrimonio, ¿por qué gay?
Las declaraciones de Franke han suscitado perplejidad en los editores de National Review Online: “Durante años, se nos ha dicho que el matrimonio entre personas del mismo sexo era necesario para satisfacer las necesidades concretas de estas parejas. Después, que podía y debía ser empleado para que las parejas del mismo sexo ordenaran su convivencia bajo las normas del matrimonio. Más recientemente, se dijo que la legalización era necesaria para alcanzar la misma dignidad personal. Y ahora Katherine Franke, el mismo día en que se aprueba la ley del matrimonio gay en Nueva York, nos dice que todo eso no es cierto”.
Junto a los motivos a favor y en contra de la legalización del matrimonio gay, también estaba en juego el procedimiento a través del cual se iba a adoptar esa decisión. De nuevo, son los editores de ese medio quienes ponen el dedo en la llaga. Los partidarios del matrimonio gay, dicen, “se opusieron a convocar una votación popular por una sencilla razón: porque la habrían perdido, como ya ha ocurrido en los 31 estados donde se ha celebrado un referéndum sobre esta cuestión”.
El hecho de que el matrimonio gay se haya aprobado en el estado de Nueva York por esta vía suscita una pregunta: ¿pueden los legisladores de un lugar y un momento histórico concretos –en este caso, el estado de Nueva York– cambiar una institución social que durante siglos ha consistido en la unión entre un hombre y una mujer?
Una posible respuesta a esta pregunta es la que ofrece George Weigel, analista del Ethics and Public Policy Center de Washington, en un artículo publicado en National Review Online. Su tesis es que si el poder legislativo se arroga la facultad de convertir en derechos los deseos de un grupo se está extralimitando en sus funciones.
“El ‘matrimonio gay’ –escribe– supone de hecho una expansión enorme del poder estatal. En este caso, el estado de Nueva York se está declarando competente para redefinir una institución humana básica, con el fin de satisfacer las demandas de un grupo de interés que ansía el tipo de reconocimiento social que supuestamente le vendría del reconocimiento legal”.
Weigel llama la atención sobre otro hecho que suele pasar inadvertido en este debate. “Que los legisladores de Nueva York describan lo que han aprobado como ‘matrimonio gay’ o ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ –y no simplemente como matrimonio– indica ya que algo de lo que se está haciendo aquí no debe de ser muy natural”.
“Todos sabemos, o pensábamos que lo sabíamos, qué es el matrimonio. Y añadirle ahora el calificativo ‘gay’ o ‘entre personas del mismo sexo’ supone que los partidarios de esta iniciativa están reconociendo tácitamente que necesitan recurrir a la autoridad para imponer lo que parece extraño, curioso o inapropiado”.
Reinventar la realidad
A alguno podría parecerle que la objeción que plantea Weigel, prestigioso escritor, es exagerada o incluso una exquisitez reservada a alguien que disfruta con las palabras. Pero no hay que olvidar su vertiente de analista sobre cuestiones políticas y culturales. Lo que podría parecer una simple pega lingüística indica, a su juicio, un problema de mayor calado.
En este sentido, Weigel recuerda que el matrimonio es una institución social anterior al Estado. De ahí que la relación adecuada del Estado respecto al matrimonio deba ser de respeto a la realidad que le precede. “[En este ámbito] el objetivo del Estado es reconocer y apoyar la institución del matrimonio, no redefinirla. Esto último supone consentir la tentación totalitaria que acecha a todos los Estados modernos: la tentación de reconstruir la realidad”.
Por eso, Weigel sostiene que la legalización del matrimonio gay –otra cosa es el respeto debido a la dignidad de cada persona– no entraría dentro de ese grupo de reivindicaciones históricas del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. Este movimiento, concluye Weigel, “era una llamada a reconocer la realidad moral; la reivindicación del matrimonio gay es una reivindicación para reinventar la realidad con vistas a imponer una agenda de deseos personales”
Factura política… para los republicanos
Maggie Gallagher, presidenta de la National Organization for Marriage, centra su análisis publicado en The Wall Street Journal en las posible consecuencias políticas que, en su opinión, podría tener la aprobación del matrimonio gay en Nueva York.
En realidad, la primera es la constatación de un hecho: el distanciamiento entre los legisladores (demócratas y republicanos) que han votado a favor de legalizar el matrimonio homosexual en ese estado y el sentir mayoritario del pueblo.
En este sentido, Gallagher recuerda el dato de los 31 referendos realizados en todo el país en que el pueblo dijo “no” al matrimonio gay y destaca otro que a veces se olvida: que las votaciones populares se realizaron tanto en estados de mayoría demócrata como republicana.
Para Gallagher, la segunda consecuencia de la aprobación del matrimonio gay en Nueva York tiene que ver con la complicidad de algunos representantes del Partido Republicano de Nueva York con la ley aprobada. Además de tener la mayoría en el Senado de ese estado, la ley salió adelante con el voto favorable de cuatro republicanos; algo que Gallagher interpreta como una traición a las bases del Partido.
Por eso, en su opinión, esto va a pasar factura a la clase dirigente del G.O.P (Grand Old Party). En las próximas elecciones presidenciales, los candidatos tendrán que pensarse mucho de cara a sus propios votantes qué es lo que les van a ofrecer respecto al matrimonio. Porque da la impresión de que no parecen estar dispuestos a tragarse otra.
Claro que los cuatro senadores republicanos eran muy libres de votar en conciencia a favor de la ley. El problema es que, meses antes, habían prometido a sus electores que votarían en contra del matrimonio gay. Y los quiebros políticos, concluye Gallagher, es algo que al electorado no le gustan. Y menos bajo presión demócrata.