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Disminuyen los divorcios en Francia

publicado
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En los últimos años se da en Francia un retroceso del divorcio, como muestra un análisis recién publicado por el INSEE, el instituto nacional de estadística. En 2014 hubo un 1,1% menos de divorcios que el año anterior, y esto no se debe simplemente a la menor nupcialidad. En efecto, de 2010 a 2014 hubo un 8% menos de divorcios, mientras que la población casada bajó solo un 1%.

Este viraje, aunque incipiente, es muy notable. De 1970 a 2010 venía subiendo sin interrupción el riesgo de divorcio para todas las cohortes de matrimonios. En cambio, en 2014 bajó para todas, incluida la de los más recientes –hasta cinco años–, que siempre ha registrado el máximo. Así, la proporción de parejas divorciadas a los cinco años de la boda fue del 26,5% para las casadas en 2005 y del 24,6% para las casadas en 2009.

Otra forma de ver lo mismo es considerar el índice coyuntural de divorcialidad, que se calcula a partir de los divorcios producidos en un año determinado en las distintas cohortes de matrimonios. En 2010 fue del 46%, o sea: si se mantuvieran en el futuro las tasas de divorcio observadas, el 46% de las parejas casadas aquel año acabarían divorciadas (y las demás resistirían hasta la muerte de un miembro). En 2014, el índice bajó al 44,2%.

La proporción de parejas divorciadas a los cinco años de la boda fue del 26,5% para las casadas en 2005 y el 24,6% para las casadas en 2009

En Francia, el número de divorcios, estable en unos 33.000 anuales hasta los años 70, inició una fuerte subida en 1975, con la aprobación del divorcio por mutuo acuerdo. El máximo histórico, 153.000, se alcanzó en 2005, a raíz de otra reforma legal, que simplificó los trámites de divorcio. Los 123.500 de 2014 suponen volver a los niveles anteriores a 2003.

Ahora se avecina una reforma más, también para facilitar el divorcio. En un proyecto sobre organización de la Justicia, que el Parlamento aprobó el mes pasado, se ha introducido el divorcio por mutuo acuerdo sin intervención del juez. Las parejas que quieran romper no tendrán más que acudir a un notario, que certificará su voluntad, y el divorcio será efectivo tras una demora de quince días, durante los cuales cualquiera de los dos podrá retractarse. Este procedimiento no se podrá aplicar si hay diferencias sobre el reparto de los bienes o la custodia de los hijos, y tampoco si un hijo menor quiere ser escuchado.

Los colegios de abogados, las Iglesias y otras comunidades religiosas, así como las organizaciones familiares se oponen a esta reforma, que –dicen– trivializa el divorcio. También señalan que muchos niños no tomarán la iniciativa de dar su parecer, y el juez está precisamente para valorar si es necesario hablar con ellos. El gobierno justifica el cambio por la necesidad de desatascar los juzgados, que ahora pueden tardar más de un año en resolver una petición de divorcio.

El proyecto, que incluye también una ampliación de los poderes de la policía para detener a sospechosos de terrorismo y restringirles los movimientos, está pendiente de que una comisión mixta del Senado y la Asamblea Nacional concilie las versiones aprobadas por una y otra cámara, que no coinciden del todo. Si no hay acuerdo, la Asamblea tendrá la última palabra.

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