Por primera vez en la historia, las autoridades francesas han propuesto al sector educativo situar de forma permanente a policías en los centros escolares que así lo decidan. La razón, más de 80.000 incidentes violentos el año pasado.
Profesores agredidos de palabra o de obra (el año pasado una profesora de artes plásticas de Etampes fue apuñalada por un alumno), huelgas de maestros que denuncian un clima de tensión y violencias, son situaciones ya no excepcionales en el sistema educativo francés. Ya hace años se instauró la «policía de proximidad» que actuaba en los alrededores de escuelas e institutos, pero con pocos resultados, salvo el de que la violencia pasó de las calles al interior de los centros educativos. De los 80.000 incidentes violentos registrados en 2004, un 26% fueron casos de insultos o amenazas, el 29% correspondieron a violencia física sin armas, y el 21%, a agresiones con navajas. Estos datos han asustado a las autoridades, y han decidido que una forma de atajar los incidentes es poner una oficina o despacho con policías de paisano dentro de los colegios e institutos más conflictivos que lo deseen.
Aunque este proyecto está todavía en fase de consultas (ha de contar con el consentimiento de los centros escolares), el gobierno espera el visto bueno para ponerlo en marcha con la mayor rapidez posible.
Otra iniciativa del ministro de Educación, Gilles de Robien, para mejorar la conducta de los alumnos es poner una «nota de vida escolar» a todos los estudiantes de primer ciclo de enseñanza secundaria (de 11 a 15 años). Para explicar esta medida, el ministro ha señalado que «el respeto a los profesores y a todo el personal del centro escolar forma parte del nivel básico que debe exigirse al alumno » (el mínimo indispensable de conocimientos y competencias). Esta nota, trimestral, entraría en vigor a partir del próximo curso.
Pero Francia no es el único país que usa a la policía para solucionar problemas relacionados con la población estudiantil. El gobierno español aprobó a principios de enero que más de 3.000 policías vigilen los alrededores de los centros escolares públicos (no dentro de los colegios), con el objetivo de luchar contra la venta de droga.
Con esta medida el gobierno español pretende conseguir un doble propósito: impedir que los jóvenes empiecen a consumir drogas y luchar contra el tráfico minorista que está instalado en los centros educativos. Para conseguir este fin, además de desplegar a la policía por los alrededores de los centros educativos, se contará con la colaboración de los responsables de estos centros, también para recabar información. En España la posesión de droga para el consumo personal no es delito, pero sí la distribución y venta.
Según la Encuesta Escolar del Plan Nacional de Drogas, en 2004 el 36% de los jóvenes de 14 a 18 años habían fumado cannabis (el doble que en 1994), el 6,8% habían consumido cocaína y el 2,4%, éxtasis.