Philippe Nemo:”La enseñanza entendida como servicio público lleva a la ineficacia burocrática”

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Duración lectura: 5m. 19s.

Entrevista

Barcelona. Philippe Nemo es un especialista en filosofía moral y política, además de director científico del Centre de Recherche en Philosophie Économique (CREPHE) de la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP-EAP). Entre otras materias, en sus escritos ha tratado sobre la educación tanto en artículos como en el libro “Le chaos pédagogique” (1993). En Barcelona, el 12 de noviembre, en pleno debate sobre la LOE, Nemo participó como ponente en el Simposio Internacional “Familia, Educación y Género”, organizado por la Universitat Internacional de Catalunya.

La ponencia de Nemo se titulaba “La educación, ¿servicio público o de interés general?”. Como servicio público la define el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), mientras que Nemo sostiene la segunda opción.

— ¿Cuál es la diferencia entre concebir la enseñanza como servicio público y entenderla como servicio de interés general?

— El hecho de que la educación se considere de interés general significa que el progreso del conocimiento y una buena educación para la población llevarán hacia el bien de la sociedad. Esta función debe llevarse a cabo por familias y escuelas. Si sólo existe un servicio público, es decir, un monopolio de la escuela estatal, no se podrá preservar este interés general. La razón es que estas escuelas -como la historia ha demostrado en diversas ocasiones- crean dogmatismo, ineficacia burocrática y tiranía política. Finalmente, todo esto produce la ruina intelectual. Sin embargo, también se puede favorecer una enseñanza libre que surja de la iniciativa privada, de asociaciones o fundaciones que reciban una financiación pública según ciertas condiciones para asegurar la calidad de la docencia. Con este sistema se garantiza la neutralidad política, una mejor eficiencia en la gestión de los centros y mejores resultados educativos.

— Entonces, ¿cuál sería el papel del Estado?

— El Estado ha de dar financiación a aquella parte de la educación que es de interés general. Cuanto más alto es el nivel de enseñanza, menos evidente resulta el interés general. En el caso de la enseñanza primaria y secundaria, no hay dudas; pero no está tan claro en el caso de la enseñanza superior o universitaria. Es de interés general que el Estado financie los estudios de aquellos alumnos que son capaces de llevar a cabo una licenciatura con éxito, pero no de los demás. En Francia, se dota de fondos públicos a centros universitarios con el único fin de mantener ocupadas a una serie de personas que de otra manera estarían en el paro. Se trata de una perversión.

— ¿Qué condiciones ha de tener un sistema educativo que respete la libertad de enseñanza?

— No estoy hablando de suprimir las escuelas públicas que ya existen, sería algo muy traumático. Lo que el Estado debe hacer es financiar la enseñanza obligatoria y asegurar unos mínimos en el plan de estudios. Los profesores deben estar bien cualificados y no pueden enseñar conocimientos que no sean científicos ni doctrinas contrarias a la democracia, y en cambio han de fomentar los valores cívicos. Con estas premisas, el Estado debe formular una ley que determine los mínimos que toda escuela tiene que respetar.

Cualquiera que desee poner en marcha un centro educativo debe dirigirse a una comisión políticamente neutral que examinará si el proyecto satisface los mínimos estipulados por la ley. En caso afirmativo, se dará la autorización para crear esa escuela. A continuación, se establecería un contrato entre el colegio y la autoridad pública -ya sea nacional o regional- que permitiría a la administración controlar en cualquier momento que realmente se están respetando los contenidos de la ley. Así, el Estado daría fondos a cada colegio en función del número de alumnos. Esto no supone que el Estado deba pagar más, sencillamente varía el colegio que recibe este dinero.

Además, las escuelas deberían poder recibir aportaciones voluntarias de los padres que quisieran mejorar la calidad de la enseñanza. Que la enseñanza básica deba ser gratuita no significa que no puedan hacer donaciones privadas aquellos que lo deseen. Según tengo entendido, en España es ilegal. Desde mi punto de vista, esto responde a un razonamiento puramente ideológico de igualitarismo: ningún niño o niña debe tener una enseñanza mejor que los demás.

— En su ponencia ha dicho que los proveedores de educación no deberían ser solo escuelas individuales; más bien, Ud. recomienda formar “redes de escuelas” unidas por un mismo estilo pedagógico. ¿Podría ilustrar esta idea?

— Si se aplica mi sistema, tendríamos distintos colegios, cada uno con su proyecto y con su contrato con la Administración. No obstante, estarían aislados y esto no es bueno para la educación. Una escuela cerrada pronto comienza a generar rutinas y su funcionamiento empeora.

Si se permitiera que las escuelas pudieran unirse, se podría crear un centro de formación del profesorado, algo imposible si se trata de una sola escuela, ya que los costes son insostenibles. De esta forma, se daría al profesorado un espíritu común y se podrían comparar los resultados y las experiencias que se llevan a cabo en cada colegio. Toda esta red de colegios usaría los mismos libros de texto y, de esta forma, se crearía una especie de “marca” para todas estas escuelas. Así, en el caso que unos padres deban mudarse a otra ciudad tendrían otro colegio que imparta una educación similar a la que ya tenían en su ciudad de origen.

La idea es que existieran varias “marcas” o varias identidades que representarían diferentes tendencias y tradiciones educativas. Y, en el caso que se constituyeran estas redes, no hay motivo para que no sean de ámbito internacional. En la Unión Europea tenemos unos mismos valores, pero las redes de colegios también podrían incluir Japón, China o Corea. Hay gente muy válida que trabaja en estos países.

Miquel Urmeneta