La Universidad y la privatización

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Duración lectura: 2m. 3s.

La Ley orgánica de Universidades (LOU), recién aprobada en España, ha dado lugar a una polémica en la que se ha oído el grito de protesta “¡Contra la privatización de la universidad!”. El catedrático Pedro Schwartz comenta al respecto en La Vanguardia (5 diciembre 2001):

En ninguna parte del texto del proyecto he visto medida alguna de privatización de la universidad pública, ni en favor de la universidad privada. La creación de universidades privadas es un derecho constitucional. La presencia de rectores privados en el Consejo de Coordinación Universitaria resulta de refundir dos instituciones ya existentes en las que los privados tenían presencia. Es en realidad desfavorable a la universidad privada el que sólo se le exija que el 25% de sus profesores deban ser doctores; pero, en todo caso, las evaluaciones de la agencia de calidad y la competencia entre centros azuzará a esos centros a buscar la excelencia so pena de perecer.

¿Qué tiene de malo la enseñanza privada? (…) En la enseñanza primaria y secundaria está generalmente reconocido que los colegios privados son de mejor calidad que los públicos. No es que el profesorado público sea de peor calidad, que no lo es, ni que las escuelas e institutos regidos por las autonomías tengan, por lo general, menos medios que los centros privados. Es que el sistema público tiene defectos congénitos: (…) no hay libre elección de centro.

Por ello, pese a que los colegios privados concertados son en realidad cuasi-públicos, puesto que viven de las subvenciones a la enseñanza obligatoria, sin embargo, las familias están dispuestas a pagar sobreprecios disfrazados porque allí sus hijos aprenden más y reciben una más sólida formación moral y cultural.

No veo por qué tenga el sistema español que tratar a las universidades privadas como el enemigo que abatir. No reciben ni un euro de los presupuestos públicos, lo que supone una discriminación que roza lo inconstitucional. No son necesariamente elitistas y lo serían aún menos si los estudiantes, tras consultar el ranking de la agencia de evaluación, pudiesen atribuir el coste total de su plaza en un centro público a la institución que eligieran, si ésta les aceptaba a la vista de sus conocimientos y capacidad de trabajo. Muchas de ellas dan una excelente formación que el mercado laboral aprecia.

newsletter
cabecera_aceprensa

Reciba semanalmente por correo electrónico nuestros titulares