A principios de diciembre se celebraron en casi todas las Comunidades Autónomas (con excepción del País Vasco y Navarra) las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria. Había interés por comprobar si cambiaba la composición de fuerzas respecto a las elecciones anteriores, celebradas en 1998, que garantizaron la hegemonía de los sindicatos de izquierdas. Desde 1998 hasta hoy la enseñanza ha vivido momentos conflictivos en torno a la aprobación de la Ley de Universidades, la Ley de la Formación Profesional y el debate sobre la reforma de la enseñanza secundaria con la Ley de Calidad, todavía pendiente de aprobación en el Parlamento.
En los últimos meses, además, el debate educativo se había radicalizado: por un lado, los partidarios de la LOGSE, colectivos de sindicatos y asociaciones de padres y de alumnos en la órbita de la izquierda, se habían manifestado totalmente en contra de los postulados de la Ley de Calidad; casi en el otro extremo, pero sin apoyar todas las propuestas de la Ley de Calidad, se situaban algunos sindicatos presentes solamente en la escuela pública (como ANPE y CSIF) y organizaciones sindicales y de padres en la órbita de la escuela concertada y privada (como FSIE o USO, entre otras). Las encuestas sobre la valoración de la LOGSE realizadas entre los docentes eran muy críticas y hacían augurar un posible cambio en el panorama electoral, dominado por la izquierda sindical.
Sin embargo, apenas se han dado variaciones significativas. La izquierda más crítica con la Ley de Calidad mantiene su hegemonía en el mundo sindical de la escuela pública. CC.OO. ha obtenido 366 delegados (6 menos que en 1998); a muy poca diferencia, con 360 delegados, los STES, un sindicato asambleario todavía más radical y contrario a la Ley de Calidad, la enseñanza concertada y la privada (es el único sindicato que crece: 14 delegados más que en 1998); ANPE ha obtenido 238 (tenía 283); FETE-UGT, 223 (256); CSIF, 166 (181). El nivel de participación (apenas el 59%) ha sido más bajo que en comicios anteriores. Una relativa sorpresa ha sido la aparición de sindicatos corporativos, que tenían como estandarte la defensa de unos intereses laborales muy concretos, como los de Profesores de Enseñanza Secundaria o Interinos.
Han triunfado por holgada mayoría las posiciones más críticas con la política educativa del gobierno del Partido Popular; los sindicatos más votados son, también, los que para defender la escuela pública atacan a los centros privados concertados y rechazan la presencia de la asignatura de Religión. Esto augura un nuevo periodo de crispación y de mayor dificultad para acceder a los conciertos (sobre todo de los centros de Educación Infantil, uno de los puntos más conflictivos de la Ley de Calidad).
La abstención perjudica a las tesis educativas del gobierno y a la de los sindicatos más moderados. Los docentes que suelen abstenerse son, por lo general, los más críticos con la labor de los sindicatos; pero, aunque les pese, y gracias a la abstención, esos sindicatos consolidan su mayoritaria representatividad en las mesas de negociación. En definitiva, si los sindicatos más votados no cambian su beligerante discurso (conviene no olvidar que la escuela pública representa más del 70% de la enseñanza en España), se avecinan malos tiempos para los que defienden la licitud de la complementariedad de los modelos educativos y su justa financiación. Basta con leer las reivindicaciones de CC.OO. y STES en sus programas electorales: más dinero para la enseñanza pública y una mayor restricción en la política de conciertos.