El Documento de Bases de la Ley de Calidad de Enseñanza, presentado por el Ministerio de Educación español, ha encontrado el rechazo de los partidos y sindicatos de izquierda, como cabía esperar. Pero también ha provocado el descontento de las principales organizaciones de la enseñanza privada concertada, que le reprochan el silencio sobre sus constantes reivindicaciones de equiparación financiera con la enseñanza pública.
Las organizaciones integrantes de la Mesa de la Enseñanza Concertada (FERE, Educación y Gestión, CECE, CONCAPA, UECOE, el sindicato de alumnos CES y los sindicatos de docentes USO y FSIE) han señalado que el Ministerio ha desaprovechado una excelente oportunidad para avanzar en el derecho a la libertad de enseñanza de las familias españolas. Estas organizaciones se quejan de que la ley no aborda la actualización de los conciertos para adaptarlos al coste real de la educación, después de años de continuado déficit, ni la gratuidad del segundo ciclo de la Educación Infantil (de 3 a 6 años). De hecho, el Documento, en su último apartado, sólo dedica seis líneas explícitas a los centros privados concertados y no son precisamente unas líneas muy positivas: «En la medida de las disponibilidades presupuestarias los módulos de los conciertos tenderán a incluir las cantidades necesarias para atender los gastos derivados del ejercicio de la función directiva, antigüedad del personal docente, sustituciones del profesorado y los derivados de los programas educativos que tengan autorizados».
En definitiva, si se confirma lo que anticipa el Documento de Bases, seguirá sin modificarse el actual sistema de conciertos, no se alcanzará la gratuidad de la Educación Infantil y no se conseguirá la homologación retributiva de los docentes de las escuelas concertadas en relación con los de las públicas. Para el Ministerio de Educación, después del traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas, son éstas las que tendrán la llave para promover o no estas mejoras. Pero en el contexto actual, la presión de las organizaciones vinculadas a la exclusiva defensa de la escuela pública hace que cualquier mejora financiera de la enseñanza concertada se interprete como un menoscabo de la pública. Así que parece difícil que puedan darse cambios sustanciales si no se garantizan por ley.
El Documento de Bases sigue sin considerar el segundo ciclo de la Educación Infantil como una etapa básica del sistema educativo, manteniendo así su carácter voluntario. El Gobierno defiende que se potencie más esta etapa, pero no dice nada sobre la financiación a las familias. Para la Mesa de la Enseñanza Concertada, este era un asunto de vital importancia, pues si no se buscan mecanismos válidos que financien esta etapa también en los centros de iniciativa social, fomentando la igualdad de oportunidades y la libertad de elección, el futuro de la enseñanza concertada está en entredicho. En la actualidad, cerca del 100% de los alumnos de 3 a 6 años ya están escolarizados; sin embargo, el Ministerio sigue dejando libertad a las comunidades autónomas para su financiación (conciertos, subvenciones o nada de nada).
Ahora mismo, algunas comunidades autónomas han asumido los conciertos (muy limitados) o las subvenciones; pero otras, especialmente en aquellas donde gobierna el Partido Socialista, se continúa discriminando económicamente a los padres que eligen un centro privado. Para la Mesa de la Enseñanza Concertada, la desatención de sus dos reivindicaciones más constantes les hace valorar de manera negativa el conjunto de la Ley. Al mismo tiempo, reconocen que en sus componentes pedagógicos hay destacados aciertos, aunque su realización dependerá de la financiación que se destine.
Parece como si el Ministerio, por lo menos en un primer momento, no hubiese querido afrontar los aspectos más polémicos, pensando en el rechazo que podría ocasionar entre los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.