España: El alumno de la escuela privada concertada le cuesta al Estado un 48% menos que el de la pública

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Duración lectura: 4m. 37s.

La financiación pública de la escuela privada concertada en España resulta muy rentable para el Estado: como el coste por alumno es un 48% mayor en un centro público que en otro concertado, si el Estado tuviera que escolarizar en sus centros a los alumnos de la concertada, el coste aumentaría en 3.200 millones de euros. Estos son los cálculos presentados en el informe “Libertad y financiación de la enseñanza: condiciones y exigencias”, elaborado por el Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza.

Los centros privados concertados escolarizan a 1.741.697 alumnos (el 25,5% del total de alumnos de enseñanza general no universitaria). Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, en el curso 2002/2003 el gasto público por alumno fue de 3.517,62 euros en la enseñanza pública y de 1.840,75 euros en la enseñanza privada concertada.

El informe añade que “mientras se mantenga la situación económica actual de los centros concertados, no es posible ni justo hablar de la gratuidad de la Enseñanza Obligatoria. Si no existieran los conciertos, el sector público debería hacer un esfuerzo adicional de 1.676,87 euros por alumno, lo que supone 3.206 millones de euros, sin incluir el gasto que supondrían las instalaciones necesarias para suplir los 3.049 centros de Educación Primaria y los 2.793 centros de Educación Secundaria Obligatoria que en la actualidad se sostienen en régimen de concierto”.

El Ministerio ha reconocido (anteproyecto de la LOE, de 31 de mayo de 2005) que un aula de Primaria de un centro público supone un gasto de, al menos, 4.124,24 euros más que el de esa misma aula en un centro privado concertado.

El Foro recuerda que el módulo de conciertos -la cantidad que el Estado destina por cada aula en un centro privado concertado- no cubre el coste de la enseñanza. Las mismas auditorías de Hacienda avalan que el módulo de conciertos no garantiza la gratuidad.

En concreto, la partida “otros gastos”, que comprenden los de personal de administración y servicios, mantenimiento, conservación y reposición de inversiones, tiene un déficit no menor del 49%.

Idéntica suerte corren los salarios de los profesores. En 1988 se firmó el Acuerdo Básico de Analogía Retributiva para que “en el plazo de seis años, las remuneraciones del personal docente de los centros privados concertados fueran equivalentes al 95% de la remuneración del profesorado estatal de los respectivos niveles de enseñanza”. Doce años después, “y salvo contadas excepciones, la analogía retributiva sigue siendo un mandato legal pendiente de cumplimiento”. El salario del profesorado de la concertada es, como media entre las distintas autonomías, el 93% de la retribución que percibe el profesorado de los centros públicos.

Además, los propietarios de los centros privados han tenido que afrontar sin apenas ayuda pública “un enorme esfuerzo en inversiones”, “para poder adaptar los centros a las exigencias de la LOGSE en cuanto a instalaciones, espacios comunes y dotación de material adecuado”. En muchas ocasiones los centros han solicitado a las familias su colaboración voluntaria para ayudar al mantenimiento del centro. Las familias son libres para responder a dicha petición, sin que la falta de colaboración suponga discriminación alguna para los alumnos.

La situación económica de la enseñanza concertada se agravaría si se aprobara la Ley Orgánica de Educación, que prohíbe cobrar cualquier cuota a las familias, pero sigue sin asegurar que el módulo de conciertos cubra el coste real de la enseñanza.

Según el estudio, la memoria económica de la LOE “tan sólo hace una mención al final de la introducción en la cual señala que ‘habrá que añadir el incremento progresivo de los gastos de personal, la revisión anual del módulo de conciertos’, etc. La alusión a la ‘revisión anual’ podría cumplirse literalmente con el incremento anual del módulo por adecuación al IPC. A la vista de la evolución del IPC y de la partida de ‘otros gastos’ ya descrita anteriormente, el pesimismo resulta plenamente justificado”.

El Foro solicita a la Administración “dejar de lado un afán de monopolio o cuasi-monopolio estatalista y fomentar la igualdad real de oportunidades para que las familias puedan elegir en condiciones de verdadera igualdad entre modelos educativos diferentes”. Ya que ni “el dinero que se entrega a la enseñanza privada se le quita a la enseñanza pública”, ni “tiene como finalidad el sostenimiento de los centros de iniciativa privada, sino el ejercicio del derecho a la libre elección de centros”.

Algunos piensan que la enseñanza concertada es subsidiaria de la pública, por lo que no se debe concertar un centro cuyos alumnos pueden ser escolarizados en centros públicos del entorno con plazas vacantes. El Foro defiende que “la Administración no puede imponer a las familias un modelo educativo ya que son los padres los que tienen el derecho de elegir el tipo de educación, la formación religiosa y moral que desean para sus hijos y, en definitiva, el centro educativo -público, privado concertado, o privado- cuyo proyecto educativo mejor se acomoda a su planteamiento educativo. Prescindir de la demanda de las familias como criterio de concertación es uno de los atentados más graves a la libertad que se está dando en nuestra sociedad”.