El nuevo gobierno de Kenia implanta la enseñanza gratuita

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Nairobi. En una de sus primeras medidas y sin mayor preparación, el gobierno de Kenia ha dispuesto que los niños pueden ir a la escuela sin pagar, según había prometido el nuevo presidente, Mwai Kibaki, en su campaña electoral. El 6 de enero, primer día lectivo tras las vacaciones, las 17.000 escuelas primarias del país, donde estudian 6,2 millones de alumnos, se vieron desbordadas por muchedumbres de niños llevados por sus padres, que pedían que los admitieran. No traían ni libros, ni material escolar, ni uniforme. Escuelas cercanas a la frontera con Tanzania vieron venir también niños del otro lado, ya que comprobar la nacionalidad no es cosa fácil.

Desde la independencia de Kenia (1963), la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita según la ley. Pero en los setenta hubo una explosión de alumnos, y el sistema se fue desmoronando poco a poco, hasta que en 1986, con el paso al 8-4-4 (8 años de primaria, 4 de secundaria y 4 de universidad), dejó de funcionar. Ante la insuficiencia del presupuesto público, el gobierno implantó la «financiación compartida», es decir, pagaba lo que podía y las familias se hacían cargo del resto. Las consecuencias fueron muy dispares: de ahí las diferencias entre unas escuelas y otras, sobre todo en las zonas rurales.

Los precios de las matrículas, entre 12 y 192 dólares anuales, más la prolongada crisis económica, impidieron que muchas familias pudieran escolarizar a sus hijos. También, porque además tenían que pagar los libros de texto y los uniformes. Ahora se les pide que paguen solo los uniformes, pero bastantes familias demandan ya que sean abolidos.

Al alud de niños de familias sin dinero para pagar la escuela se ha sumado los de otras que llevaban a los suyos a centros privados y quieren trasladarlos a colegios públicos gratuitos. La directora de Olympic Primary School, en el barrio de Kibera (Nairobi), tuvo que llamar a la policía antidisturbios para que la defendiera de la masa enfurecida de padres que amenazaban apalearla. Ella solo intentaba establecer algún procedimiento para ordenar la admisión.

La directiva del presidente Kibaki pilló desprevenido hasta al ministro de Educación, George Saitoti. El 4 de enero Saitoti declaró en rueda de prensa que las escuelas recibirán los fondos necesarios en cuanto el Parlamento revise la asignación presupuestaria para su Ministerio, que ya se come el 30% del gasto público. El 6 de enero dijo: «Queremos a los niños en las escuelas. Los demás problemas los resolveremos según vayan surgiendo».

Los problemas, sin embargo, fueron a caer sobre las cabezas del personal de las escuelas, en especial los directores, que no pueden pagar ni agua, ni electricidad, ni sueldos si antes no reciben fondos gubernamentales. Muchas escuelas prefirieron cerrar antes que ser invadidas por multitudes desordenadas de gentes pidiendo la admisión. El día 8 empezaron a llegar directrices sobre procedimientos para poner orden.

Los problemas no son de poca monta. Sigue una lista, necesariamente incompleta.

— Las 17.000 escuelas existentes no bastan. Hay que construir más aulas y, preferiblemente, más escuelas. Entretanto se plantea la posibilidad de tener un turno por la mañana y otro por la tarde, de modo que se doble la capacidad de cada establecimiento escolar.

— Faltan maestros, aunque no se sabrá cuántos habrá que formar hasta que el Ministerio tenga información completa.

— Las escuelas más desbordadas por la afluencia de alumnos han sido las que normalmente obtienen mejores resultados. Otras tienen plazas vacantes.

— No hay fondos suficientes. El gobierno necesita 5.000 millones de chelines (65 millones de dólares) para desarrollar todo el programa. No se ha dicho todavía de dónde va a salir esa suma.

— El gobierno anterior no había cumplido con la promesa de subir el sueldo a los maestros. El nuevo se verá obligado a hacerlo.

El gobierno se ha comprometido también a consultar a padres, ONG y el sector privado antes de aplicar políticas de enseñanza. El sistema 8-4-4, copiado de EE.UU., fue implantado sin consultar a nadie, excepto al grupo de expertos canadienses que lo había propuesto.

Silvano Borruso

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