Los padres de doce estudiantes junto con tres organizaciones cívicas de Nueva Jersey han presentado una demanda en un juzgado de Newark. Reclaman el derecho a sacar a sus hijos de los malos colegios donde estudian y utilizar la prorrata del dinero público que se gasta en sus hijos para enviarles a un colegio público mejor o a uno privado. Los padres dicen que los pobres resultados que esos colegios obtienen sistemáticamente en los exámenes nacionales demuestran que el estado no está proporcionando una educación «eficiente» a sus hijos.
La demanda, «Crawford v. Davy», se refiere a una situación en que se encuentran 60.000 alumnos de 96 colegios de todo el estado. En esos colegios más de la mitad de los alumnos no supera el nivel mínimo en lengua y matemáticas que establece el gobierno.
En los últimos treinta años, este tipo de casos se han resuelto de la misma forma: el juez ordenaba incrementar el presupuesto educativo del colegio en cuestión para que pudiera cumplir con el mandato constitucional de impartir una educación «eficiente». La esperanza estaba en que más dinero traería más calidad y mejores resultados académicos. En algunos casos ha sido así; bastante a menudo, no.
Clint Bolick, presidente de Alliance for School Choice, comenta en «The Wall Street Journal» (12-07-2006) que en cualquier otro sector esa decisión carecería de sentido: «Supongamos que alguien compra un coche con la promesa de que será eficiente pero resulta que no funciona. Si apela a aquella garantía, ¿podría un tribunal ordenar un pago multimillonario al fabricante con la esperanza de que algún día fabrique buenos coches? Obviamente no, ordenaría la devolución del dinero y el consumidor podría comprarse otro vehículo».
El argumento puede sonar demasiado liberal para utilizarlo en el mundo de la enseñanza, sometido a tantas servidumbres. Pero los grupos que apoyan a estas familias en la demanda no parecen un reducto de ricos: Black Ministers Council (una organización religiosa centrada en los problemas sociales de los afroamericanos), Latino Leadership Alliance (grupo de organizaciones en defensa de la igualdad política, económica y social de los hispanos) y Excellent Education for Everyone (asociación de ciudadanos de todo el espectro político interesados en mejorar la educación en Nueva Jersey).
Bolick mantiene además que cuando estos casos llegan a los tribunales hay que contemplar todas las opciones, también la de elegir colegio. En este sentido, los demandantes expresan que también se viola su derecho a la igualdad en la protección de la ley, ya que los límites de distrito y la zonificación escolar les obligan a acudir a determinados colegios, sin posibilidad de cambio.
Por el momento, dos leyes permiten en ocasiones saltarse esos límites. La ley Individuals with Disabilities Education permite que cuando un colegio no ofrezca una educación «apropiada», los padres puedan utilizar una especie de cheque escolar en un colegio privado. Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha dado siempre la razón a los padres. Idéntica solución permite la ley No Child Left Behind, siempre que el colegio de origen sea calificado como «malo». Sin embargo, sólo un 1% de los alumnos candidatos a cambiarse lo han podido hacer, porque la ley no contempla la opción de transferencia a colegios privados, sino a otro público dentro del mismo distrito.
En Newark, lugar donde se presenta la demanda, hay 24 colegios en los que más de la mitad de los alumnos no alcanzan los niveles mínimos en lectura y matemáticas (en algunos colegios, son casi el 80%). Aumentar el gasto educativo no parece ser el remedio. Uno de esos colegios, Englewood City, gasta 19.194 dólares por alumno, casi el doble de la media nacional, ya que en 1985 el Tribunal Supremo de Nueva Jersey ordenó a través de la sentencia «Abbott v. Burke» el incremento del presupuesto de ese colegio y el de docenas más.
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