Forzado por la crisis económica, el parlamento de Texas aprobó unos presupuestos del estado muy austeros. Entre otros muchos recortes, a la educación pública le correspondió uno de 5.400 millones de dólares en dos años. Las escuelas han tenido que buscar fórmulas para seguir funcionando con menos recursos, como explica Manny Fernandez en The New York Times.
Según cálculos no oficiales, el estado gasta ahora 8.900 dólares por alumno y año, un 5% menos que antes, y entre jubilaciones, renuncias y despidos, la educación pública texana ha prescindido de 10.717 profesores. Esto implica que ha subido el número medio de alumnos por aula. Además, en algunos casos se han suprimido asignaturas complementarias.
Pero las escuelas han concentrado los ahorros en áreas distintas de la docencia. Se ha prescindido de equipos deportivos o se han impuesto cuotas a las familias de los chicos que quieren formar parte de ellos, en calidad de jugadores o incluso de animadores. Algunos distritos escolares han suprimido el transporte para los alumnos que viven dentro de un radio de, por ejemplo, dos millas del colegio, o han empezado a cobrar por el servicio.
En muchos casos, los profesores tienen más trabajo, y no solo docente. Un distrito escolar decidió reducir la plantilla de vigilantes y que los profesores suplieran. En otras escuelas, el servicio de limpieza solo aparece en días alternos, y los otros días los profesores tienen que manejar la escoba.
Para que el ahorro sea lo menos doloroso posible, las escuelas intentan compensarlos con otros ingresos. Las cuotas que cobran a los padres por servicios opcionales antes gratuitos o baratos (transporte escolar, deportes, actividades extraescolares…) suelen estar calculadas para que dejen un margen de beneficio. Los distritos también buscan dinero de otras fuentes: lo más común es vender espacio publicitario en los autobuses escolares o en sus webs.
Una escuela puede ganar dinero también alquilando sus instalaciones cuando quedan libres. Algunas públicas de Nueva York hacían eso con comunidades religiosas que no tienen lugar de culto propio, pero pueden quedarse sin esa fuente de ingresos, como cuenta The Economist. Por considerar que tal negocio es contrario a la separación de Iglesia y Estado, el Departamento de Educación de la ciudad quiere suprimirlo desde hace tiempo. En algunos casos se ha llegado a los tribunales, que han sentenciado a favor y en contra; ahora se espera la decisión definitiva de la justicia federal, que llegará en junio próximo. El fallo podría ser contrario al alquiler, no por el uso de locales de propiedad pública para actividades religiosas, que en sí mismo no suscita reparo a los jueces, sino por un motivo de igualdad. Como las escuelas solo pueden arrendar espacio en días no lectivos, lo facilitan a cristianos, judíos, hindúes y budistas, pero no a musulmanes, que tienen los principales actos de culto los viernes. Esto, según la New York Civil Liberties Union, equivale a que la autoridad civil favorezca a unas religiones frente a otras.