En mayo de 2012 la asociación Christian Concern iba a celebrar un encuentro bajo el título “Un hombre, una mujer”, en el que estaba prevista la participación de partidarios y detractores del matrimonio homosexual. Había reservado el Centro de Conferencias Reina Isabel II, que pertenece al Departamento de Comunidades y Gobierno Local, pero el día antes del evento se les comunicó que no podrían disfrutar de ese espacio porque sus perspectivas eran “inapropiadas” para ser expuestas en un edificio propiedad del gobierno.
Christian Concern inició acciones legales porque se consideraba objeto de una discriminación injusta. Tras más de dos años, finalmente la administración ha publicado en la web del gobierno nacional un comunicado lamentando lo sucedido. En el texto se reafirma “el compromiso del ejecutivo con la libertad de religión, de expresión y de asociación, junto con el respeto mutuo por la dignidad y las libertades de los demás”.
