Iberoamérica despunta en el número de agresiones, amenazas y secuestros de periodistas que se produjeron en el mundo en 2008. Tal es la conclusión a la que ha llegado el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión y de Prensa (OILEP), con sede en Madrid. Este organismo, creado en 2005 por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), prepara anualmente, para su discusión en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un informe sobre la libertad de expresión y las condiciones en que trabaja la prensa de los países representados en esa conferencia. El estudio, correspondiente al año transcurrido desde mayo de 2008, se ha preparado con miras a la Cumbre que se realizará en Estoril (Portugal) el próximo noviembre. Mientras tanto, los datos del informe han sido avanzados en un acto celebrado en la Asociación de la Prensa de la capital española.
Datos preocupantes
De acuerdo con los datos del Observatorio, de los 60 periodistas asesinados por cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional, 7 eran latinoamericanos.
Los periodistas detenidos y encarcelados en todo el mundo fueron el año pasado 673, de los cuales 127 lo fueron en el área iberoamericana, mientras que las agresiones y amenazas contra el colectivo, calculadas en 929, colocan a Iberoamérica, con 414, como el ámbito geográfico más representado. Ocurre lo mismo en la cifra de secuestros, pues de 29 se dieron 16 en la región. Los medios censurados ascendieron en 2008 a 353, de ellos 72 en Iberoamérica.
A los ataques contra la prensa en Venezuela (donde RSF ha criticado, además, la ocupación excesiva del gobierno de los espacios televisivos y radiofónicos), se suman los “conatos de ataques” en Bolivia y Nicaragua y el “uso indebido de la publicidad oficial” que, según el informe, hacen en Argentina algunos gobiernos regionales. En Colombia, sin embargo, la situación ha mejorado.
Además de las intromisiones gubernamentales, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, se ha referido en la presentación del Observatorio a un fenómeno nuevo: el de delincuentes y mafias que actúan sobre los periodistas con violencia y coacción.
Particularmente alarmante es el caso de México ―que después de Irak es el país con más asesinatos de periodistas― por causa del cada vez más violento y poderoso narcotráfico, y por la capacidad de estas redes delictivas para infiltrarse en la policía y en otros organismos del Estado. Una situación que genera, además “un nivel de autocensura brutal”, como ha afirmado Jiménez-Claudín.
Iniciativa en Naciones Unidas
Según las conclusiones presentadas, hay una disparidad de criterios constitucionales y legislativos entre los distintos países de la comunidad iberoamericana que supone una traba para la definición del trabajo periodístico. Aunque se señala que catorce países de América cuentan con leyes que regulan la libertad de prensa, se ha insistido en el carácter “obsoleto y amordazante” que, como sucede en los casos de Cuba y Venezuela, suele tener esta legislación.
El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Rafael Jiménez-Claudín, ha abogado por una resolución que comprometa a los países a homologar sus legislaciones sobre la libertad de prensa, para garantizar que un periodista no pueda ser condenado a penas abusivas por delitos como la difamación, desacato, injurias y calumnias ni en su propio país ni en otro cualquiera de la comunidad.
La iniciativa tiene como base lo expuesto el pasado mes de abril en el Festival Internacional de la Libertad de Expresión realizado en Cádiz, donde Reporteros sin Fronteras presentó la mesa redonda titulada “Legislación iberoamericana en el ámbito de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información”. En esa oportunidad, el chileno Alejandro Jiménez Susarte (periodista y abogado, corresponsal de RSF en Chile) y el español Leopoldo Torres Boursault (ex Fiscal General del Estado) se refirieron a las posibilidades de avanzar en el desarrollo de una legislación común. El bicentenario de la constitución de Cádiz en 2012 es precisamente el marco dentro del que quiere inscribirse este proyecto, como homenaje a las Cortes gaditanas que instauraron la libertad política de la imprenta a través del decreto IX, del 10 de noviembre de 1810, y después en el texto definitivo de la constitución.
En el mismo sentido, el informe del OILEP propone recurrir a Naciones Unidas para fijar un protocolo en defensa de la libertad de expresión y de prensa, a imitación del Protocolo Facultativo de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, aprobado por la Asamblea General el l8 de diciembre de 2002.
Según ha declarado RSF, el trabajo por esta iniciativa buscará incorporar a todas las organizaciones profesionales y sindicales de periodistas, y a entidades internacionales como la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y Amnistía Internacional.