Análisis
La fiscal del Tribunal Penal Internacional reclama una intervención del Vaticano en Croacia
Roma. Carla del Ponte, fiscal jefe del Tribunal Penal internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, acusó al Vaticano de proteger al general croata Ante Gotovina. Este militar es uno de los inculpados por crímenes de guerra más buscados, después de Radovan Karadzic, líder serbio de Bosnia, y de su jefe militar, Ratko Mladic, ambos también en paradero desconocido.
«Tengo informaciones de que [Gotovina] está escondido en un monasterio franciscano, de modo que la Iglesia católica le protege», confió la fiscal al diario británico «The Daily» «Telegraph», en una declaraciones de las que se hizo eco la prensa de todo el mundo. De este modo, las suposiciones de la fiscal se transformaron en afirmaciones categóricas en otros órganos informativos: «El criminal se oculta en un monasterio», titulaba «El País» (21 de septiembre).
No cabe duda de que el trabajo de Carla del Ponte es difícil y de que necesita también del respaldo de la opinión pública para llevarlo adelante. Pero en esta ocasión le ha faltado, cuanto menos, tacto diplomático al descargar sobre el Vaticano, a modo de chivo expiatorio, los sinsabores de una labor infructuosa. Y al presentar sus indicios («si supiera en qué monasterio está no habría ido a Roma a preguntar», declaró) con un marcado tono acusatorio.
Del Ponte dijo que hacía pública su decepción después de que el Vaticano «se opusiera totalmente a colaborar con nosotros». El portavoz de la Santa Sede confirmó que la fiscal se había entrevistado en julio con mons. Giovanni Lajolo, secretario vaticano para las relaciones con los Estados. «El arzobispo Lajolo pidió a Del Ponte que indicara con una cierta precisión los indicios en los que se basaba para afirmar que el general Ante Gotovina estuviera refugiado en determinados edificios religiosos de Croacia, para poder ponerse en contacto con la autoridad eclesiástica competente; de hecho, precedentes averiguaciones habían dado un resultado negativo. A la petición de monseñor Lajolo la señora Del Ponte hasta ahora no ha respondido de ningún modo». Por su parte, la conferencia episcopal croata rechazó las acusaciones de Del Ponte y subrayó que carecían de indicios sobre el paradero de Gotovina
Mons. Lajolo también dijo a la fiscal que la secretaría de Estado vaticana no es un órgano que pueda colaborar institucionalmente con un tribunal. Del Ponte piensa, sin embargo, «que el Vaticano tiene los servicios de inteligencia más avanzados». Lo paradójico de la situación es que se pide a la Santa Sede que lleve a cabo una investigación policial, y que interfiera en los asuntos que son competencia de los Estados implicados. Y buena parte de los comentaristas ven con buenos ojos esa petición. Sin embargo, cuando es la Santa Sede quien interviene -de palabra- para recordar algunos criterios éticos en la vida pública, la música es distinta: esas intervenciones se califican -en un porcentaje elevado de veces- como injerencia en las cuestiones internas de los países.
El gobierno croata sostiene que Gotovina no se encuentra en el país. Para Zagreb se trata de una cuestión seria, pues su candidatura para integrarse en la Unión Europea sólo podrá ser aceptada una vez que se detenga y conceda la extradición de Gotovina. Esa es la condición que estableció un veto de Gran Bretaña. Muchos temen que ese congelamiento podría exacerbar por rechazo la dosis de nacionalismo croata.
Ante Gotovina, de 49 años, es considerado por buena parte de la población croata como un héroe nacional, ya que dirigió la Operación Tormenta que acabó, en 1995, con el alzamiento de la minoría serbia en Krajina. Desde 2001 se encuentra en paradero desconocido, en cuanto se supo que el tribunal le acusaba de crímenes contra la humanidad cometidos durante esa campaña. Se le incrimina por haber supervisado o consentido la muerte de 150 civiles y la deportación de más de ciento cincuenta mil.
Diego Contreras