Los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas no se resuelven con recetas fáciles. Ni la prohibición total del consumo –que lleva a los consumidores a la cárcel– ni la libre venta y producción que plantean los defensores de la legalización aportan soluciones. Existen vías alternativas, programas que han tenido éxito y que pueden frenar algunos efectos negativos de la actuales políticas antidroga. Es lo que proponen varios expertos en políticas públicas de Estados Unidos, al comprobar que las leyes actuales resultan ineficaces y solo están llenando las cárceles norteamericanas.
Tres especialistas, coautores del libro Drugs and Drug Policy. What Everyone Needs to Know, se apoyan en la idea de que la generalización de unas medidas coercitivas no sirve para el caso del consumo de drogas y, en cambio, interesa diseñar programas a medida para cada colectivo. La mayoría de los que usan drogas no pueden considerarse adictos en el sentido literal; pero un pequeño porcentaje, con verdaderos problemas de adición, es el responsable de los delitos frecuentes de ese entorno, desde la violencia y otros daños sociales hasta el tráfico ilegal a gran escala. Incluso ese pequeño núcleo duro podría llegar a dejar de consumir, si las medidas de presión fueran específicas y adecuadas para ellos, según aseguran los doctores Kleiman, Caulkins y Hawken, unidos en esta investigación.
En un extracto de las conclusiones del libro, publicado por The Wall Street Journal. plantean, por ejemplo, triplicar el impuesto sobre el alcohol, algo que tendría un efecto inmediato sobre los adolescentes y los bebedores que no se controlan y reaccionan violentamente o conducen en estado de embriaguez. Esta medida podría combinarse con otra, experimentada en Dakota del Sur por el juez Larry Long, que ofrece libertad a los reincidentes a cambio de un mayor control. Se trata del programa 24/7 Sobriety, por el que los bebedores peligrosos se someten a pruebas de alcohol dos veces al día. En el 99% de los casos, el resultado de la alcoholemia es negativo.
Una actuación parecida se propone para los adictos a drogas como cocaína, heroína y otras sustancias peligrosas. Una vez que un consumidor tiene antecedentes penales, se le podría exigir la abstinencia como requisito para la libertad provisional, garantizándola con pruebas y análisis establecidos. En el estado de Texas un programa llamado HOPE exige la tensión de llamar a diario para preguntar si ese es el día en el que cada interesado debe hacerse las pruebas. Con esta práctica se redujo en más del 80% el uso de drogas entre los afectados y, en consecuencia, los posibles días de cárcel disminuyeron también.
Otras acciones con éxito han sido las diseñadas para zonas de Nueva York con alto nivel de crimen y desorden público por tráfico de drogas, en las que se distingue a los vendedores que recurren a la violencia e intimidación –que van a la cárcel– de los que no son violentos. A los del segundo grupo se les presiona con las pruebas obtenidas –grabaciones, testimonios, etc.– y se les ofrece una última oportunidad de ayuda para evitar la cárcel, si deciden no seguir traficando.
La posibilidad de legalizar el consumo y la producción de droga, que se propone cíclicamente como un eslogan libertario en ciertas campañas políticas, no tiene futuro, en opinión de estos expertos. Mientras las prisiones se llenen por este tipo de delito, aplicando a todos las mismas penas indiscriminadamente, los Estados tendrán que aumentar sus presupuestos, pero no se vencerá el gran problema de la droga tan extendido en Estados Unidos, México y América Central.