Uruguay fue uno de los primeros países del mundo que despenalizó el aborto en determinados supuestos. La ley original, de 1938, lo castigaba con penas leves y establecía varios supuestos de exención o reducción de la pena, al arbitrio del juez. En los primeros tres meses de embarazo el aborto está despenalizado en caso de violación y en situaciones de «angustia económica». Cuando el embarazo supone un grave riesgo para la salud de la madre, el aborto está despenalizado sin límite de tiempo.
Desde los años ochenta se han sucedido varias iniciativas parlamentarias para liberalizar el aborto. El año pasado se presentó un proyecto de Ley de Derechos de Salud Reproductiva, que incluye como principal innovación la práctica liberalización del aborto en las 12 primeras semanas. Por otra parte, se describe el aborto como «acto médico» -lo cual ha sido muy criticado- y se configura como un derecho, de modo que la ley limita la autonomía de los centros sanitarios -obligados a practicar abortos- y la libertad de conciencia de los médicos. Estos últimos están obligados -si quieren acogerse a la objeción de conciencia- a declarar su negativa a practicar el aborto en un plazo de treinta días desde que se promulgue la ley.
El proyecto ha sido debatido por la opinión pública, y se han producido inesperados cambios de opinión, a través de las fronteras partidistas o religiosas. La propuesta fue presentada por diputados de la Lista 15 del Partido Colorado (de centro-izquierda y de tradición laicista). El Partido Blanco (centro-derecha) se opuso a la medida y logró, al parecer, el compromiso del presidente Jorge Batlle (del Partido Colorado) de oponerse a la reforma. Al mismo tiempo, la mejor defensa del no nacido que se ha oído en el debate de diciembre en la Cámara de Representantes fue de Jorge Barrera, diputado de esa misma Lista 15 y reconocido católico. De hecho, su partido ha permitido el voto en conciencia, con el resultado de que muchos de sus diputados se han opuesto a la despenalización. El único partido que ha apoyado en bloque el proyecto es el Frente Amplio (un conglomerado de partidos de izquierda, algunos de ellos radicales), que obtuvo los mejores resultados electorales pero no pudo formar gobierno.
El presidente Batlle, apoyado por la mayoría parlamentaria formada por la Unión Cívica de los partidos Blanco y Colorado, anunció en noviembre su intención de usar el derecho de veto presidencial -cosa muy infrecuente en la vida política uruguaya- si el Parlamento aprobaba la ley. Batlle se declara agnóstico, aunque ha tenido frecuentes gestos de respeto hacia la Iglesia católica.
La influencia del exterior
Antes de la votación parlamentaria, una Comisión escuchó durante meses las opiniones de científicos, sociólogos, grupos familiares y otros representantes de la sociaedad. La campaña pro vida ha conseguido cambiar la opinión de algunos parlamentarios, y ha impedido que prosperara el proyecto, hasta ahora. La intervención ciudadana ha sido máxima y han resultado frecuentes las referencias a cartas de personas privadas en las sesiones de debate. Aun así, la Cámara de Representantes, por ajustada mayoría de 47 contra 40, aprobó el proyecto, después de varias acaloradas sesiones, en las que hubo una extraordinaria presencia de ciudadanos. El proyecto debe ser revisado y aprobado por el Senado. Pero en esta cámara son mayoría los diputados que se oponen a la reforma.
Un aspecto bastante criticado en el trámite parlamentario es la regulación de la objeción de conciencia: «¿Qué pasará si un médico, pasados esos treinta días, cambia de opinión y resuelve no hacer más abortos? -se preguntaba el diputado Barrera-. ¿Lo estaríamos obligando a actuar contra su conciencia?».
En un artículo (Revista de Antiguos del Instituto de Estudios Empresariales, de la Universidad de Montevideo, diciembre 2002), el abogado y profesor de Derecho Penal Pedro Montano lamentaba, además, que estas decisiones hayan sido promovidas desde el exterior del país. «El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, de la IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar), la multinacional del aborto, se reunió en Quito entre el 16 y el 18 de octubre pasado. (…) Uruguay tuvo dos representantes en esa reunión, que se comprometieron a obtener la despenalización del aborto para antes de fin de este año. El aborto en el Uruguay se resolvió afuera, en el extranjero. (…) La influencia del exterior es muy fuerte. A veces los préstamos internacionales imponen políticas demográficas a los países subdesarrollados, que llegan a incluir el aborto».