Al igual que en otros países latinoamericanos, ha llegado a Panamá el intento de despenalizar el aborto, en este caso ampliando las excepciones legalmente admitidas (los llamados abortos «éticos» y «terapéuticos»). Así se contempla en el proyecto de modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal que el gobierno panameño, a través de una comisión codificadora, y con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha presentado recientemente a la Asamblea Nacional de Diputados.
Actualmente, el Código Penal establece dos causas de excepción para la realización de abortos. La primera, si el «producto de la concepción» resulta como consecuencia de una violación. La segunda, si se dan «graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción».
En el primero de los casos, el proyecto de reforma introduce un supuesto nuevo: que el embarazo sea consecuencia de una «fertilización asistida no consentida», y amplía de dos a tres meses de gestación el plazo legal para poder practicar el aborto. En el segundo caso, para el que no hay límite temporal, el proyecto cambia «salud» por «salud física o psíquica», y añade que «si la madre no está en condiciones de dar el consentimiento [para el aborto], lo hará el cónyuge o pariente más cercano».
Si el Código es aprobado con la redacción propuesta, se vislumbra un aumento en la utilización de causales de índole psíquica para practicar abortos, como muestra la experiencia de otros países. Según los grupos a favor de la vida, Panamá correría el riesgo de convertirse en destino para la práctica de abortos a mujeres de países vecinos.
Numerosas organizaciones civiles han comenzado a movilizarse y agruparse en lo que han denominado Alianza Panameña por la Vida. Se han hecho presentes a diario en la Asamblea de Diputados y han logrado posicionar este importante tema en los medios de comunicación. Sólo gracias a la Alianza, la ciudadanía se enteró de que el proyecto de reformas incluía el tema del aborto, sigilosamente incluido en el proyecto de modificación a instancia de agrupaciones feministas. Luego de que el público ha tenido conocimiento del tema, el gobierno no ha dado ningún tipo de declaración al respecto.
Entre tanto, el debate prosigue en la Asamblea de Diputados. El 31 de enero la comisión parlamentaria encargada de estudiar el proyecto oyó el testimonio de un representante del PNUD, que habló a favor de ampliar los supuestos de aborto legal. Solo puso dos objeciones a la reforma: en la primera de las excepciones previstas (violación o fecundación artificial no consentida), propuso eliminar el requisito de que un juez autorice el aborto, para no ocasionar retrasos; y se mostró en contra de aumentar las penas al personal sanitario que practique abortos ilegales porque ello fomentaría los abortos clandestinos, dijo sin detallar razones pero consignando que en ese punto el PNUD coincide con «diversas asociaciones feministas».
Por su parte, la Alianza Panameña por la Vida propone derogar las excepciones a la prohibición del aborto, o al menos mantenerlas tal como ahora figuran en el Código Penal y añadir un parágrafo que reconozca expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.
El domingo 4 de febrero se leyó en todas las iglesias una circular del arzobispo de Panamá, que mencionaba a la Alianza e invitaba a los fieles a defender el derecho a la vida con una concentración ante la Asamblea Nacional el día siguiente. El mismo lunes 5 de febrero, un representante de la Alianza compareció ante la comisión parlamentaria para defender la propuesta de la organización. Al término de la comparecencia, el vicepresidente de la comisión anunció que los artículos del Código relativos al aborto se dejarán como están, sin ampliar ni derogar las excepciones, y sin incluir el reconocimiento de la objeción de conciencia.
ACEPRENSA____________________
Con informaciones de Giancarlos Candanedo Páez desde Panamá.