Multas en vez de la cárcel para los drogadictos que no sean traficantes

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Duración lectura: 1m. 55s.

Roma. Drogarse continuará siendo delito en Italia, pero se penalizará sólo por vía administrativa y no con la cárcel, según establece un decreto-ley del gobierno que modifica la ley de 1990. La medida supone un cambio de rumbo legislativo, pues esa ley condenaba con varios meses de cárcel a los consumidores de droga descubiertos, por tercera vez, con sustancias estupefacientes, aunque sólo fuera la llamada “dosis diaria”.

A partir de ahora, los drogadictos en posesión de la “dosis diaria” siguen cometiendo delito, y por esa razón serán multados, se les podrá retirar temporalmente el pasaporte, el carnet de conducir o el permiso de armas, pero no encarcelar. Otra novedad es que en el cálculo de la “dosis diaria” se ha multiplicado por tres la cantidad hasta ahora aceptada. Se mantiene la prisión para las personas descubiertas con cantidades superiores, que son consideradas traficantes, con condenas que van de los dos a los ocho años.

A pesar de las declaraciones en contra, este cambio ha sido interpretado como un primer paso en la despenalización del consumo de droga. Entre los responsables de las comunidades de recuperación de toxicómanos, la medida no ha provocado entusiasmo. Algunos subrayan que la ley tal como estaba en vigor preveía ya esas sanciones administrativas y que la amenaza de la cárcel constituía un elemento disuasorio.

Otros están de acuerdo en la eliminación de las penas de prisión, ya que la cárcel no es el lugar más adecuado para la rehabilitación, pero critican la falta de alternativas para la recuperación. Se calculan que son drogadictos 15.000 de los 49.000 presos en las cárceles italianas. De esos 15.000, unos mil entraron en prisión en aplicación de la ley antidroga y se podrán beneficiar del nuevo decreto. Los demás están en la cárcel por otros delitos.

Para algunos observadores, las contradicciones de este decreto sólo se pueden entender si su aprobación se interpreta con criterios políticos; es decir, como una concesión del gobierno para que el líder del Partido Radical y promotor del antiprohibicionismo, Marco Panella, continúe apoyando en el Parlamento al ejecutivo, que goza de una frágil estabilidad.

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