Los médicos británicos no quieren que se legalice la cooperación al suicidio

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Duración lectura: 4m. 15s.

Si se legaliza la cooperación al suicidio, “se someterá a personas vulnerables a una presión cada vez mayor para que pongan fin a su vida y así no ser una carga para otros… El llamado derecho a morir fácilmente puede convertirse en el deber de morir” (Dr. Peter Saunders)

Una comisión independiente británica ha recomendado que se despenalice la cooperación al suicidio si la hace un médico a petición del paciente y bajo ciertas condiciones. En el informe que ha elaborado, hecho público el pasado 5 de enero, tacha de “inadecuada e incoherente” la ley actual, entre otras cosas porque quienes desean poner fin a su vida han de tener recursos para costearse un viaje al extranjero. Así, dice, han hecho unos 160 británicos que murieron en el famoso centro Dignitas de Suiza.

La Comisión sobre Muerte Asistida, presidida por el político laborista Charles Falconer, anterior lord canciller, no es oficial. Fue formada en noviembre de 2010 con dinero donado por el historiador Bernard Lewis y el novelista Terry Pratchett. El think tank Demos facilitó apoyo para las tareas administrativas. La organización pro eutanasia Dignity in Dying ayudó a constituir la comisión, pero no intervino en la elaboración del informe. La propuesta de reformar la ley se refiere a Inglaterra y Gales.

Actualmente está prohibida la cooperación al suicidio, que se puede castigar con hasta 14 años de prisión. Pero desde que la fiscalía publicó unas nuevas directrices en febrero de 2010, de hecho no se ha acusado a nadie por este motivo. Ahora solo se lleva a juicio a quien presiona a la víctima para que se suicide, no a quien interviene a petición del suicida sin haber influido en su decisión. Las directrices respondían a la situación creada por la sentencia dictada el año anterior por la Cámara de los Lores en el caso de Debbie Purdy. Esta mujer, aquejada de esclerosis múltiple, quería garantías de que su marido no sería procesado si, cuando la enfermedad estuviera muy avanzada, ella decidía recurrir a él para suicidarse. Los lores accedieron a la petición. (Purdy vive todavía, y el año pasado declaró que había aparcado su plan de suicidio al comprobar que su vida no es insoportable: cfr. BBC News, 16-04-2011.)

Propuestas de la comisión
El informe propone permitir la cooperación médica al suicidio de personas con esperanza de vida inferior a un año, excluidos minusválidos y aquejados de depresión o demencia. Haría falta el dictamen favorable de dos médicos. Además, el paciente tendría que esperar durante un periodo de reflexión de catorce días antes de que un médico le facilitaran las sustancias letales. Él mismo tendría que tomarlas: no se admitiría que otra persona se las administrase.

El informe reconoce que la legalización causaría un “riesgo real” de presiones a personas vulnerables para que pidieran la muerte. Además, considera necesario mejorar los cuidados paliativos. Aun así, la comisión cree que se debe permitir la cooperación al suicidio porque siempre hay una minoría de enfermos terminales que solo se sentirían aliviados poniendo fin a su vida o al menos sabiendo que podrían hacerlo cuando lo decidiesen.

La propuesta supondría cargar gran parte de la responsabilidad sobre el médico. Tendría que dictaminar si un paciente podría acogerse a la ley de eutanasia, explicarle qué tratamientos podría recibir, prescribir la droga letal, estar accesible cuando el suicida la tomara, asesorar a los familiares, cooperar con la policía y entregar un informe a un organismo oficial de control. Muchos médicos no consideran todo eso parte de su cometido, y temen que intervenir en la aplicación de la eutanasia perjudicaría su relación con los pacientes, como declaró uno a la comisión: “El servicio de salud no es el entorno apropiado para un servicio de muerte”.

La Asociación Médica Británica, que –al igual que otras organizaciones– no quiso participar en los debates convocados por la comisión, ha recibido el informe con críticas. Su portavoz dijo: “Aunque entre los profesionales hay diversidad de puntos de vista sobre la cooperación al suicidio, creemos que la mayoría están en contra de legalizarla”.

También se manifestó en desacuerdo con el informe la organización Care Not Killing, que promueve los cuidados paliativos. En una declaración firmada por un representante, el Dr. Peter Saunders, advierte: “Si se aplicaran esas recomendaciones, se someterá a personas vulnerables a una presión cada vez mayor para que pongan fin a su vida y así no ser una carga para otros. Esta presión puede ser especialmente intensa en una época de recesión económica, en que las familias y los servicios de salud pasan estrecheces. El llamado derecho a morir fácilmente puede convertirse en el deber de morir”.