Irlanda tendrá un nuevo referéndum sobre el aborto

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Dublín. Tras cuatro años de consultas con representantes políticos, organizaciones sociales y médicos, el gobierno irlandés anunció el mes pasado un referéndum que tendrá lugar probablemente en primavera, o antes de las próximas elecciones generales en todo caso. Al electorado se pedirá que apruebe una reforma constitucional, llamada Ley de Protección de la Vida Humana durante el Embarazo, que excluye la amenaza de suicidio por parte de la mujer como motivo para abortar.

En caso de ser aprobada, la enmienda anularía la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 1992 dictaminó que se puede abortar si “existe un riesgo real e importante para la vida de la madre -y no tan solo para la salud-, que solo se puede evitar con la interrupción del embarazo”. El caso que dio lugar a ese fallo fue el de una chica de 14 años que alegó haber quedado embarazada a consecuencia de una violación y aseguró que se suicidaría si no se le permitía viajar a Gran Bretaña para abortar (ver servicio 34/92). El Tribunal Supremo tomó su controvertida decisión basándose en el dictamen de un psicólogo clínico, sin intervención de ningún especialista en psiquiatría. Este caso límite ha sido utilizado como palanca para cambiar la jurisprudencia y la legislación.

La decisión del Supremo sorprendió tanto a los partidarios como a los adversarios de la legalización del aborto. Nadie había sospechado que la enmienda constitucional de 1983, que reconoce igual valor a la vida de la madre y a la del no nacido, pudiera interpretarse así. A raíz del fallo, en noviembre de 1992 el gobierno sometió a referéndum tres cuestiones: la licitud de recibir información y la de viajar al extranjero para abortar, que fueran aprobadas; y la legalización del aborto en ciertos casos restringidos, que fue rechazada (ver servicio 1/93). Más tarde, se aprobó una ley que permite recibir información sobre la posibilidad de abortar fuera de Irlanda (ver servicio 73/95).

Defender siempre la vida de la madre

La sentencia de 1992 parecía afectar solo al derecho a viajar al extranjero para abortar. Sin embargo, en principio, suponía también permitir el aborto en Irlanda cuando se diera amenaza de suicidio, en virtud de los derechos de la madre expresados en el artículo 40.3.3. de la Constitución. Con la reforma ahora propuesta se quiere poner fin a esta ambigüedad.

La enmienda pretende apoyar la práctica común de los médicos, que no omiten los tratamientos necesarios para la madre cuando la vida de ella corre peligro, aunque puedan causar, indirectamente, la muerte del niño no nacido. Este caso de aborto accidental es, a diferencia del aborto procurado, considerado lícito por el Consejo Médico Irlandés,los grupos pro-vida y la Iglesia católica. El gobierno ha intentado abrir una vía media entre los grupos pro-choice, que consideran el aborto médica y socialmente necesario, y los pro-vida, a los que a menudo se tiene, erróneamente, por contrarios a las intervenciones médicas necesarias para salvar la vida de mujeres embarazadas.

La enmienda define el aborto como “la destrucción intencionada, por cualquier medio, de una vida humana no nacida, tras la implantación en el útero de una mujer”. La decisión sobre si la vida de la madre está en peligro será tomada por un médico. El texto, que se añadirá al artículo 40.3 de la Constitución, dejará claro que no se prohíbe a la mujer viajar al extranjero para abortar. A la vez -y este es un punto controvertido-, legalizará el uso de la píldora del día siguiente y del dispositivo intrauterino.

Aunque la reforma anularía las consecuencias más graves de la sentencia del Tribunal Supremo de 1992, no otorga plena protección al no nacido -no se la da entre la concepción y la implantación-, y tampoco parece ilegalizar la fecundación in vitro ni otras prácticas discutidas.

El gobierno, formado por una coalición de Fianna Fáil y los Demócratas Progresistas, se comprometió con varios parlamentarios pro-vida a convocar un referéndum, a cambio del apoyo de estos en otros asuntos. La oposición está dividida. El principal partido opositor, Fine Gael, aunque no ha definido su postura en esta materia, ha intentado retrasar el referéndum tres meses alegando motivos técnicos. El Partido Laborista quiere que se amplíe la despenalización del aborto.

James Hurley

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