Los científicos son, en general, honrados, a juzgar por una encuesta publicada en «Nature» (9-06-2005). Esta conclusión es como la media ponderada de una noticia buena y otra mala. Los fraudes propiamente dichos y las tergiversaciones graves son muy poco frecuentes. Pero un tercio de los investigadores comete infracciones de la ética profesional, aunque casi siempre leves.
Los autores del estudio son Brian Martinson (HealthPartners Research Foundation, de EE.UU.), y Melissa Anderson y Raymond de Vries (Universidad de Minnesota). Para hacerlo, presentaron un cuestionario muy detallado a un grupo de científicos financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), organismo oficial norteamericano que promueve la investigación biomédica. Entre los encuestados había desde jóvenes en el inicio de la carrera profesional hasta prestigiosos veteranos. Las respuestas eran anónimas.
El cuestionario pedía a los científicos que especificasen el número y el tipo de transgresiones de la ética que habían cometido en los últimos tres años. Las infracciones iban desde las más pequeñas (como presentar una misma investigación en dos o más publicaciones científicas, para inflar el «curriculum») hasta las más graves (como falsificar datos o apropiarse de ideas ajenas).
Las peores conductas son excepcionales. Solo el 0,3% reconoce haber amañado datos y el 1,4%, haber robado ideas. En cambio, son bastante abundantes las faltas menores: pasar por alto errores de los colegas, no tener en cuenta indicios desfavorables, no comunicar datos que contradicen anteriores investigaciones propias; actos que cometieron al menos uno de cada veinte científicos encuestados. En total, el 33% confesaron haber incurrido en alguna irregularidad, grande o chica.
Está claro que la ciencia es una actividad humana, sujeta como las demás a las debilidades de nuestra condición. Pero es significativo que en una buena parte de los casos, las infracciones confesadas obedecieron a intereses comerciales. Aunque solo el 0,3% de los encuestados reconocen no haber revelado su relación con empresas cuyos productos estaban implicados en las investigaciones, el 15,5% admite haber cambiado el diseño, la metodología o los resultados de un estudio por presiones de alguna fuente de financiación.
Parece, pues, que de la implicación con la industria proceden muchas tentaciones. Por eso en febrero pasado, los NIH establecieron unas nuevas normas, más estrictas, para evitar conflictos de intereses. Los empleados del NIH que deben estudiar las peticiones de financiar estudios tienen ahora prohibido asesorar a empresas biotecnológicas o farmacéuticas, y a partir de julio no podrán poseer acciones de compañías de esos ramos.