Fin de año: Estados Unidos trata de sacar adelante las leyes presupuestarias de ayuda exterior. Republicanos y demócratas han resuelto ya sus diferencias en las partidas de educación, medio ambiente, paz en Oriente Medio, etc. Le llega el turno a la deuda de Estados Unidos con la ONU: si no empieza a pagar antes del 31 de diciembre los 926 millones de dólares, el país podría perder su voto en la Asamblea General.
El problema es acuciante para la primera potencia mundial, pero los republicanos tienen bloqueado en el Congreso el pago de la deuda con la ONU. La condición republicana es aprobarlo sólo si Clinton modifica la política de ayudas a la planificación familiar en los países en desarrollo.
La Administración Clinton no tiene más remedio que llegar a un acuerdo, que se produce el 14 de noviembre. Como consecuencia, Estados Unidos pagará la deuda a la ONU en tres años y el Congreso votará una ley para excluir de las ayudas a las organizaciones que promuevan o practiquen abortos en el Tercer Mundo, aunque lo hagan con su propio dinero.
El pacto -de «política interna», según el presidente- es otro movimiento más en el camino tortuoso de la legislación relacionada con el aborto. En 1973, el Congreso aprobó una ley que prohibía financiar la práctica de abortos en el extranjero. En 1984, un decreto presidencial de Ronald Reagan prohibió además destinar fondos federales a organizaciones que promovieran el aborto en otros países. En consecuencia, organizaciones como el Fondo de la ONU para la Población o la International Planned Parenthood Federation sufrieron importantes recortes en sus ingresos. Hasta el punto de que hace poco se han visto obligadas a moderar su discurso para convencer a los congresistas (ver servicio 55/99).
Bush mantuvo las restricciones. Pero Clinton anuló en 1993 el decreto de Reagan y volvió a abrir la financiación a organizaciones relacionadas con el aborto. Desde entonces, los republicanos buscan convertir en ley el decreto presidencial de Reagan. Si el acuerdo se confirma, la prohibición afectará también a las organizaciones que promueven el aborto con su propio dinero.
El acuerdo prevé también qué hacer en caso de que Clinton suspenda la ley sirviéndose de las prerrogativas presidenciales. Si el presidente hace uso de la opción de anular la prohibición, la partida presupuestaria de 385 millones de dólares que la Agency for International Development destina a la planificación familiar en el extranjero sufrirá una reducción de 12,5 millones de dólares. Ese dinero se destinaría a programas de ayuda a la infancia y se restaría de las cantidades que reciben las organizaciones que promueven el aborto (cfr. International Herald Tribune, 17-XI-99).