España: ¿Por qué la Seguridad Social paga el aborto?

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Para poner orden y freno en el desbocado gasto sanitario, el Ministerio de Sanidad español ha presentado el proyecto de catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. Así se sabrá lo que cubre el sistema nacional de salud y lo que deben pagar los propios enfermos o las compañías de seguros privadas. Aunque el objetivo es ahorrar, hay una prestación que sigue incluida entre las gratuitas: el aborto en los casos legalmente despenalizados. Parece que el gobierno español da por supuesto que despenalizar el aborto en ciertos casos supone su financiación por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, este es un tema que ha sido muy discutido en otros países, como Alemania y Estados Unidos, en los que se ha llegado a la solución contraria.

En Alemania, la sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo del año pasado rechazó algunos puntos de la ley que permitía el aborto a petición durante los tres primeros meses del embarazo. El Tribunal dejó claro que el aborto no es un derecho, aunque admitió que no sea penalizado bajo ciertas condiciones. Pero esto implica que los abortos practicados según el sistema de plazos no podrán ser financiados por la Seguridad Social, ya que ésta no puede fomentar acciones no ajustadas a derecho. De lo contrario, advertía, “en la ciudadanía se percibiría como algo normal y conforme a derecho aquello para lo que se concediesen prestaciones de la Seguridad Social”.

En Estados Unidos (ver servicio 94/93), la Cámara de Representantes decidió el pasado junio -contra de la opinión de Clinton- continuar con la prohibición de financiar el aborto con fondos públicos del gobierno federal. La medida ratificada vige desde 1976 y es conocida como “enmienda Hyde”, nombre del diputado republicano que la propuso.

La enmienda Hyde prohíbe financiar con dinero federal los abortos solicitados dentro del programa Medicaid, que cubre la asisencia sanitaria de personas pobres. Sólo se exceptúa el caso de aborto por peligro de muerte de la embarazada. Esto no impide que algunos Estados lo financien, dentro del mismo programa Medicaid, aunque siempre con fondos propios y no federales.

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