El Parlamento portugués aprobó el pasado 8 de marzo la ley que permite el aborto a petición durante las 10 primeras semanas de embarazo. La iniciativa salió adelante con los votos del Partido Socialista, el Partido Comunista, Los Verdes, el Bloco de Esquerda y 21 diputados de los 75 que tienen el Partido Social Demócrata (principal grupo de la oposición, que dio libertad de voto).
El 11 de febrero, los portugueses votaron la ley en referéndum. Ganó el “sí” (59,25% contra 40,75%). La participación no llegó al 50% exigido para que fuera vinculante pero el primer ministro, José Sócrates, había prometido que si ganaba el “sí” llevaría la ley al Parlamento, donde los socialistas tienen mayoría suficiente (cfr. Aceprensa 21/07).
El Parlamento enviará ahora la ley al presidente de la República, Cavaco Silva, que tiene 20 días para decidir si la veta, la promulga o la envía al Tribunal Constitucional. Después del referéndum, el presidente prometió valorar los documentos “con todo cuidado, con toda prudencia, teniendo en cuenta todos los aspectos de la cuestión”. Cavaco previno que “en una materia tan delicada, que puede haber creado divisiones y rupturas en la sociedad portuguesa, hay que buscar soluciones equilibradas, sopesadas, que intenten suavizar y no aumentar esas divisiones. Hay que unir a la sociedad portuguesa y no dividirla todavía más”.
En este sentido, la ley no prevé que haya “consulta obligatoria” para un “consentimiento informado”, como pedían los partidarios del “no”. Solo será obligatorio un período de reflexión para la mujer “no inferior a tres días”. Tras ser recibida en consulta médica “en tiempo útil”, tendrá que ser informada de “todo lo relevante” para tomar una decisión “libre, consciente y responsable”: sobre “la disponibilidad de ayuda psicológica y social” durante el periodo de reflexión; y sobre “las condiciones de apoyo a la continuación del embarazo y la maternidad”. La redacción de la ley reproduce el modelo de los socialistas, salvo esta última frase, propuesta por el Partido Social Demócrata y aceptada en comisión por los socialistas.
Ribeiro e Castro, líder del CDS-PP, el otro partido de la oposición, dijo que la votación “contraría” el deseo de “consenso amplio” expresado por el presidente de la República y apeló al veto presidencial. En caso contrario, afirmó que su grupo llevaría la ley al Constitucional.
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