Ante las investigaciones judiciales abiertas por los fraudes en clínicas abortistas, lo que más parece preocupar al gobierno español no es averiguar si se ha incumplido la ley, sino asegurar el anonimato de las mujeres que abortaron. En una tribuna publicada en ABC (9 julio 2008), Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, defiende la actuación de los jueces.
La Audiencia de Barcelona solicitó el pasado 5 de julio las identidades de las mujeres que abortaron con el doctor Carlos Morín, imputado por realizar abortos ilegales en esa ciudad.
Las mujeres sometidas a presuntos abortos ilegales declararon primero en calidad de imputadas pero después se las ha considerado testigos protegidos, para salvaguardar su intimidad. Sin embargo, la defensa de uno de los médicos que trabajaba con Morín dijo que unas acusaciones basadas en testimonios anónimos provocan indefensión a su cliente. La Audiencia de Barcelona falló a favor del letrado, con lo que las identidades de las mujeres se darían a conocer a la defensa.
No tardó la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en anunciar que la fiscalía recurrirá esta decisión, que calificó como “inaudita e inaceptable”, por violar el derecho a la intimidad de estas mujeres.
En su artículo para ABC, Julio Banacloche defiende la actuación de los jueces. Comienza preguntándose si debe primar el derecho a la intimidad de las mujeres sobre el derecho a la defensa de quien está acusado de un delito. “Si partimos de la Ley de Protección de Datos -sostiene el catedrático-, es cierto que en ella se garantiza la no comunicación de datos a terceros sin el consentimiento de los interesados, pero con la excepción de que los destinatarios sean los jueces”. Iniciado el proceso judicial, el contexto es diverso: “A partir de ese momento, el uso de los datos los deciden ellos, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que las actuaciones de investigación sean conocidas -con la debida reserva, que imposibilitaría su conocimiento público- por las partes del proceso”.
Para el autor, no se entiende a quienes defienden la confidencialidad al hablar de unos delitos mientras que en otros propugnan su publicidad: “La vicepresidenta debería explicar por qué considera que no deben facilitarse a las defensas los nombres de las mujeres que han abortado cuando se investiga sobre un delito de aborto, y no debe hacerse lo mismo cuando se trata de otros delitos que también afectan a la intimidad sexual de la víctima (agresiones, violaciones, violencia de género…)”.
Además, los requerimientos de Fernández de la Vega llevarían a situaciones absurdas, pues “habría que proponer que se ocultaran a las defensas los nombres de las víctimas en todos los juicios penales, porque aparecer en ellos afecta a su intimidad. ¿O es que no tienen derecho a su intimidad y a que nadie conozca sus nombres las personas lesionadas, estafadas, injuriadas, etc.?”
El catedrático sostiene que desde la esfera política se está sembrando un cierto confusionismo en el caso de las clínicas abortistas, pues se hacen planteamientos que resultan kafkianos para cualquier jurista: “Como se ha detectado que no se cumplía la ley y que se estaban cometiendo numerosos delitos, en vez de endurecer la vigilancia, el gobierno propone cambiar la ley para convertir en legal lo que era delictivo. Es algo así como si se detectara que existe mucho fraude fiscal, y el problema se pretendiera resolver elevando las cantidades que determinan la existencia de delito”.
Ver artículo original: De la Vega y los procesos por aborto.