En Estados Unidos se realizan unos cien mil tratamientos de reproducción asistida (TRA) al año, con un coste total de mil millones de dólares. Sin embargo, allí estas prácticas están poco reguladas. Por eso, el Council of Bioethics, órgano asesor del presidente en materia de bioética, presidido por Leon Kass (ver servicio 112/01, p. 4), ha elaborado unas recomendaciones, incluida la de una ley federal específica. Ya se ha publicado un borrador prácticamente definitivo, menos exigente que las anteriores versiones.
El documento recomienda que se realicen estudios para conocer con mayor profundidad las distintas técnicas de reproducción asistida que existen. Con esto se pretende, en particular, evaluar los riesgos que los TRA suponen tanto para la madre como para el niño (ver servicio 37/02 sobre anomalías observadas en concebidos mediante fecundación in vitro). Los primeros borradores del documento proponían además realizar un seguimiento continuo de la salud de los nacidos por TRA, a fin de determinar los riesgos a largo plazo. Pero este punto se abandonó luego porque podría ser contrario al derecho de los interesados a la intimidad.
Otra propuesta destacada es mejorar los formularios de consentimiento informado actualmente vigentes. El Consejo quiere que en ellos se detallen los riesgos para la madre y para el niño, la experiencia disponible sobre las técnicas que se emplearán, los resultados obtenidos hasta el momento y las precauciones adoptadas para evitar daños. Propone también proporcionar al público información sobre los precios de los TRA.
El documento subraya además que la responsabilidad de las clínicas no termina cuando se consigue el embarazo. Por eso recomienda que las clínicas trabajen con pediatras, que ayudarán a tomar las decisiones más adecuadas para proteger la salud del niño ya concebido.
Otra recomendación es reducir las transferencias de varios embriones, que con frecuencia ocasionan embarazos múltiples, más peligrosos para la madre y para los hijos.
En una sección especial, el documento aconseja elaborar una ley federal que imponga unos mínimos éticos en la aplicación de TRA. Se trataría de prohibir, al menos a título experimental y durante un tiempo, determinadas prácticas particularmente ofensivas para la dignidad humana. Entre ellas estarían la creación de híbridos de hombre y animal, así como la transferencia de embriones humanos a hembras animales para su gestación. Tampoco se debería admitir cualquier forma de concebir un niño que no sea mediante la unión de un óvulo y un espermatozoide humanos, como la clonación -a partir de células de un adulto o de un feto- o la fusión de blastómeros de varios embriones distintos. Igualmente habría que prohibir la compraventa de embriones humanos, y su conservación o uso para investigar con ellos.
Para salvaguardar la dignidad de la mujer en los TRA, el documento sugiere al Congreso declarar ilegal cualquier transferencia de embriones humanos a un útero con fin distinto de gestar un niño. Esta medida está dirigida a impedir que se use a mujeres como «criaderos» de fetos para obtener tejidos.
Según Leon Kass, las recomendaciones del Consejo marcan unos límites imprescindibles; «la carga de la prueba recae sobre quienes quieren sobrepasar esos límites».