Todos los años llegan a la Casa Blanca informes confidenciales procedentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la CIA, la Secretaría para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, algunas embajadas estadounidenses y la oficina del «zar antidrogas». Los informes dictaminan qué países han cumplido los objetivos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y cuáles no. Con esa información -ahora por exigencia legal-, el presidente estadounidense pone el sello que certifica (avala) la política antidroga de cada país o la desacredita.
Aunque los informes analizan varios países del mundo, la certificación tiene su razón de ser en los países latinoamericanos y caribeños, principales fuentes de las drogas que llegan a EE.UU. Estos países objetan que la decisión unilateral de EE.UU. acarrea, en el caso de las desacreditaciones, sanciones de diversa índole (retirada de visados, reducción de ayudas económicas, restricciones arancelarias, cese de colaboración técnica, embargos económicos, etc.).
Además, algunos analistas ponen en duda la eficacia de tales métodos. Por ejemplo, Colombia fue desacreditada en 1996 y 1997. Además de las restricciones, la decisión le costó el voto en contra del Banco Interamericano de Desarrollo en la concesión de un crédito de 90 millones de dólares para la sustitución de cultivos de coca. También le ha supuesto la congelación de créditos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Los casos de Colombia, Perú y Bolivia muestran que la cooperación bilateral puede ser más eficaz que la mano dura. En Perú y Bolivia está prohibido fumigar con herbicidas para destruir cocales, y EE.UU. ha financiado programas de sustitución de cultivos. Estos dos países han reducido la producción de coca en los últimos años. En cambio, Colombia -donde la fumigación es el arma principal de Washington- fue el mayor productor mundial de coca el año pasado y origina el 80% de la droga que se consume en EE.UU., informa International Herald Tribune (3-III-98).
Según un estudio de la General Accounting Office, la política de destrucción de cultivos, bloqueo de puentes y demolición de laboratorios ha tenido muy poca incidencia en la oferta de drogas en EE.UU. entre 1988 y 1995.
Además, la política de certificaciones se aplica, a veces, de modo incoherente. Según el informe de la DEA, México ha registrado un aumento del tráfico de drogas y sigue sin combatir la corrupción militar y policial que favorece a determinados narcotraficantes. Algunos congresistas eran partidarios de desacreditar a México, pero la Casa Blanca ha decidido emplear el veto para evitarlo, por «razones de seguridad nacional». La conveniencia diplomática aconsejaba certificar a México para no comprometer la colaboración policial en la extensa frontera que comparten ambos países y para no desestabilizar los numerosos acuerdos económicos con el país vecino, socio en el Tratado de Libre Comercio.
Este año, también Colombia ha obtenido una certificación, condicionada por el interés del gobierno estadounidense en participar en la persecución de los grandes capos de la droga. Al igual que en el caso mexicano, la desacreditación habría hecho mucho más difícil la colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
El semanario The Economist (21-II-98) se hace eco de la propuesta de varios países latinoamericanos para que sea la Organización de Estados Americanos la que examine colectivamente la lucha contra el narcotráfico de los Estados miembros. Esos países esperan también que la política antidroga de EE.UU. apunte con más firmeza a la demanda interna.