Frente a los que aducen que la política prohibicionista no ha evitado que el consumo se extienda, otros aducen que con la legalización el consumo aumentaría.

Más de la mitad de los jóvenes no consumidores renuncian al cannabis por los riesgos que implica la prohibición Como en otros países, se replantea en Francia la legalización del cannabis. Esta vez la propuesta parte de Verdes y Socialistas, y ha dado lugar a diversos artículos en el diario Le Monde, en su edición del 15 de junio. Stéphane Gatignon, Alcalde de Sevran (región de París), por Europe Ecologie-Les Verts, está harto de la violencia que sufre su municipio, con las continuas batallas entre pandillas, que representan a los diversos cárteles de la droga. A su juicio, la legalización del cannabis permitiría que los ciudadanos superasen el miedo: “La guerra contra las drogas, tanto en nuestro país como a nivel internacional, es un fracaso. Y este fracaso global tiene repercusiones locales inmediatas. Se instala el miedo”. Por eso, apela a un debate nacional y europeo sobre el levantamiento de la prohibición, en nombre de la paz civil y del Estado de derecho. Los argumentos a favor de la legalización destacan la esperanza en que desaparezcan los narcotraficantes, y se eviten los atascos en los tribunales y la excesiva población carcelaria Socialistas por la legalización A esta tesis se han sumado enseguida varios diputados socialistas, encabezados por Daniel Vaillant, ex ministro del Interior, que preconizan “salir de la hipocresía” en materia de drogas. Parten de la base de que en Francia una legislación represiva y prohibicionista no ha evitado uno de los niveles de consumo más altos de Europa. De ahí su propuesta de una “legalización controlada del cannabis”. Cada año, 90.000 personas son detenidas por consumo de cannabis, cuando hace veinte años eran 12.000. Esta escalada ha llevado a ensayar alternativas, especialmente en el plano sanitario, que no disminuyen la proporción de personas imputadas penalmente. Además, en 2003 se creó un nuevo delito contra los conductores que dieran positivo en los controles de tráfico. El Código de Salud Pública prohíbe el uso de estupefacientes, bajo penas que pueden llegar hasta 3.750 euros de multa y un año de prisión. Pero, en la práctica, los jueces tienen un gran margen de apreciación, y el consumidor de droga puede evitar la sanción penal aceptando una ayuda médica, psicológica y social de desintoxicación. A pesar de los esfuerzos de los poderes públicos y de la policía, los supermercados de la droga florecen casi a la luz del día en los núcleos urbanos. Para estos diputados socialistas, la despenalización del consumo no es suficiente: sería preciso regular la producción y la distribución de hachís, para parar a los narcotraficantes. La prohibición aleja a potenciales consumidores Pero no parece fácil conseguir un consenso en este delicado asunto. Se oponen netamente el ministro del Interior, Claude Guéant, y la secretaria de Estado de Sanidad, Nora Berra. A la izquierda, tampoco parecen favorables François Hollande ni Ségolène Royal, candidatos a las primarias socialistas, aunque reconocen que la "cuestión merece reflexión, porque se sabe que la penalización no consigue resolver el problema". A juicio del ministro del Interior, Claude Guéant, se trata de un debate sesgado: “la lucha contra las drogas no debe ser abandonada porque sea difícil”. Se partiría de supuestos erróneos, que llevan a falsas buenas soluciones que se volverán, si no se toman precauciones, contra toda la sociedad. Ante todo, Guéant recuerda que el cannabis es una droga nociva para la salud, algo cada vez más reconocido y documentado por la literatura científica. Recientes estudios demuestran los riesgos del consumo de este producto para la salud mental, especialmente entre los jóvenes. “A la luz de estos hallazgos, ¿es razonable promover el consumo militando por su despenalización y, por tanto, su trivialización? No nos engañemos: si el consumo se despenaliza, aumentará, ya que el acceso será más fácil”. Por otra parte, el ministro expone que la política actual no se reduce a represión. Promueve también la prevención y la reducción de daños: de los 1500 millones de euros que se invierten en la lucha contra las drogas y toxicomanías, el 40% se destina a la batalla contra el narcotráfico. La investigación, la atención de drogadictos y las tareas de prevención representan más de 800 millones de euros al año. En la práctica, se ha logrado que disminuya el consumo de cannabis entre los jóvenes de 17 años desde 2003, que ahora está al nivel del año 2000. Además, es previsible que cualquier movimiento hacia una flexibilización de la legislación sobre el cannabis dé lugar a estrategias de adaptación por parte de los traficantes: por ejemplo, la difusión de cannabis genéticamente modificado y en dosis fuertes llevará hacia la cocaína, la heroína o las drogas de síntesis. No se puede olvidar tampoco que más de la mitad de los jóvenes no consumidores renuncian al cannabis por los riesgos que implica la prohibición: “también debemos pensar en ellos cuando se propone la despenalización”. Por lo demás, Guéant recuerda la marcha atrás que han dado últimamente otros países, como el gobierno laborista del Reino Unido o la hasta ahora permisiva Holanda. Aparte de intensificar la represión contra los traficantes, el ministro recuerda “el buen sentido y la lucidez de nuestros conciudadanos que, en una encuesta realizada en 2010 por el Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías (OFDT), se declaraban en un 70% –la cifra más alta de la historia– contra toda despenalización de las drogas”. Cada droga tiene sus riesgos Para Michel Kokoreff, profesor de sociología en la Universidad de Nancy II, la prohibición de las drogas blandas es un factor de inseguridad. Sus argumentos, netamente pragmáticos, inciden en la ventaja económica que supondrían los impuestos a la marihuana y, sobre todo, la esperanza en que desaparezcan los narcotraficantes, se eviten los atascos en los tribunales y la excesiva población carcelaria. Sorprendentemente, afirma que el riesgo de adicción es bajo, si se compara con el alcohol y el tabaco. Muchos más matices y argumentos de entidad aporta el extenso debate con Jean-Pierre Couteron, presidente de la Federación Addiction, que incluye la edición digital de Le Monde (15-06-2011). Entre otros, señala que más importante que discutir la prohibición es mejorar el modo de tratar el consumo y las consecuencias de las posibles respuestas. En cualquier caso, la despenalización por sí sola no sería suficiente: “Sólo tendrá sentido si se acompaña de una serie de medidas educativas, una serie de medidas en contacto con los consumidores y las familias, para no caer en el maniqueísmo de los virajes de 180º, con todos los peligros que comportan”. Una precisión importante se refiere al riesgo de comparar la peligrosidad de los diversos productos. Cada uno tiene su peligro específico. El LSD no es peligroso en términos de adicción, pero lo es mucho en términos de riesgos psiquiátricos. Fumar es poco peligroso en términos de riesgo psiquiátrico, pero provoca millones de muertes en el plano somático. Más adelante reitera que la pregunta por la peligrosidad es capciosa: “Un chico de 14 años que fuma porros altera en el mismo instante el funcionamiento de su cerebro, su sentido de la atención, de la concentración, de la memoria. Y esto puede implicar consecuencias escolares casi instantáneas”. En cambio, ese mismo chico, si fuma tabaco, “inicia un ciclo que puede conducirle, por ejemplo, al cáncer, pero pasarán años antes de que aparezca”. Las reformas políticas deberían huir de maniqueísmos que no apartan a los jóvenes del consumo, y enfocar los motivos que llevan a consumir, los beneficios que consigue, los riesgos que asumen, con el fin de ayudarles mejor a ellos y a sus familias, para no instalarse en esos comportamientos. Por otra parte, reconoce paladinamente la dificultad de prohibir aquello a lo que la propia sociedad incita: “vivimos en una sociedad fundamentalmente adictógena. En una sociedad que anima a consumir, a buscar sensaciones fuertes, a ir a tope; es una sociedad que ridiculiza las respuestas educativas. En este sentido, un cambio de la política ganaría en coherencia”. En fin, Couteron rechaza lo que considera caricatura de debate, como si sólo se tratase de oponer laxismo contra hiper-autoritarismo. “Cuando se es padre y se tiene un hijo que consume drogas, es preciso hablar con él del placer que encuentra en ese consumo. En el debate político se excluye el placer que ofrecen las drogas. Se hurta la mitad del problema: sí el peligro, pero no la atracción”. En definitiva, uno de los mayores problemas sociales de nuestro tiempo no puede resolverse unilateralmente. Es preciso enfocarlo en el contexto de otras cuestiones decisivas, como el sentido profundo de la vida, la crisis de la cultura o de los valores, y el papel prioritario de la familia en la educación de los hijos.

Debate francés sobre legalización de la marihuana

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