(Actualizado el 29-05-2013)
La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones estadounidense declaró inconstitucional una medida restrictiva del aborto que Arizona había aprobado hace un año. La norma anulada prohibía abortar una vez transcurridas 20 semanas desde la última menstruación, lo que viene a equivaler a unas 18 semanas desde la fecundación. La razón era que a partir de entonces el feto puede sentir dolor –cosa discutida– y el aborto entraña considerable riesgo para la salud de la madre.
La American Civil Liberties Union y otras organizaciones presentaron un recurso contra la ley de Arizona, y los jueces le han dado la razón. La sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Supremo en el caso Roe v. Wade (1973), por la que obligó a los estados a legalizar el aborto. Aquel fallo estipula que no se puede impedir abortar hasta que el feto es viable fuera del útero. Entonces el límite estaba en torno a las 24 semanas, pero hoy se logra que sobrevivan niños con menos tiempo de gestación. En todo caso, dice el tribunal de apelaciones, el momento es variable, y debe precisarlo el médico, no el legislador.
El estado recurrirá al Tribunal Supremo para defender, en palabras del fiscal de Phoenix, la capital, “el interés de Arizona en proteger la salud y el bienestar de las madres embarazadas contra los peligros del aborto después de las 20 semanas, y en evitar que se inflija a los niños no nacidos un dolor innecesario y horrible”.
Ocho estados más han adoptado restricciones del aborto semejantes, en razón del dolor del feto. Esta es la segunda restricción de este tipo, tras la de Georgia, que resulta invalidada en los tribunales. Permanecen en vigor las siete restantes (Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Nebraska y Oklahoma). En los últimos años se han aprobado muchas otras medidas restrictivas del aborto (ver artículo relacionado).
(Añadido el 29-05-2013:)
Por otra parte, se acaba de confirmar la anulación de una norma de Indiana contra la financiación de organizaciones abortistas. La ley federal prohíbe sufragar abortos con dinero público; pero una entidad que facilita abortos puede recibirlo en pago de otras actividades. En tal caso está singularmente Planned Parenthood, que además de abortos presta algunos servicios médicos a –entre otras personas– beneficiarios del programa Medicaid, federal y administrado por los estados. Indiana no quería que el dinero público sirviera para sostener de ninguna manera una organización abortista, y en 2011 el Parlamento del estado aprobó y el gobernador firmó la prohibición de pagar a proveedores como Planned Parenthood mientras practicaran abortos.
La disposición nunca entró en vigor, pues un juez la dejó inmediatamente sin efecto, decisión que confirmó al año siguiente el tribunal federal de apelaciones. La razón aducida es que de esa manera se estorbaría a los beneficiarios de Medicaid el derecho a elegir proveedor para servicios incluidos en el programa. El estado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que el 28 de mayo decidió no admitirlo.
Agotada la vía judicial, la norma de Indiana queda definitivamente sin vigor. Sin embargo, en Arizona está en trámite otra similar.