El Congreso de Guatemala aprueba una ley contra el aborto y por la familia, y luego la archiva por las protestas, incluidas las de importantes organizaciones provida.

Congreso de Guatemala (CC Red Ciudadana) Guatemala.— El pasado 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobó la llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que buscaba ratificar la posición de Guatemala en estas materias. Sin embargo, a juicio de muchos, contiene importantes imprecisiones en su redacción, por lo que asociaciones que defienden la familia y la vida solicitaron que fuera retirada, y el presidente, Alejandro Giammattei, aseguró que la vetaría. Así que el Congreso decidió archivarla. Según la Asociación la Familia Importa (AFI), la iniciativa incluía algunos artículos que, en lugar de proteger la vida y la familia, las perjudican. Además, instituciones como la misma AFI o FADEP (Asociación Familia, Desarrollo y Población) han identificado algunos errores técnico-jurídicos que se prestan a interpretaciones que acabarían vulnerando derechos fundamentales. Falta de claridad El proyecto fue promovido por diputados de distintos grupos conservadores: VIVA (Visión y Valores), Vamos (del presidente Giammattei), Frente de Convergencia Nacional y otros. El Congreso lo aprobó por 101 votos contra 8, con 43 abstenciones. En su art. 4, la ley reformaba el art. 133 del Código Penal, de modo que definía el aborto como “la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo, hasta antes del nacimiento”. Así, abría la puerta a interpretaciones que podrían penalizar el aborto no intencionado, ya que más adelante el decreto elimina del Código Penal la frase “el aborto culposo propio [es] impune”. Para AFI, es necesario eliminar de ese artículo la palabra “natural”, pues la muerte de un no nacido por causas ajenas a la voluntad de la madre carece de relevancia penal. Según esta misma asociación, el actual art. 133 del Código Penal es claro y no necesita reformas, mientras que el cambio propuesto dejaría en situación de inseguridad jurídica a las mujeres que tengan un aborto involuntario. Asociaciones profamilia sostienen que endurecer las penas por aborto no ayuda a las madres con un embarazo en situación de crisis Asimismo, en el art. 5, el proyecto modificaba el art. 134 del Código Penal, endureciendo las penas contra la madre que aborte (que pasarían a ser de 5-10 años, cuando antes eran de 1-3 años) y contra quienes le ayuden a abortar. Para AFI, el endurecimiento de las penas no contribuye a resolver la situación de una madre con un embarazo en situación de crisis, que es el objetivo que la ley debería tener. Según la Asociación, para que una madre con un embarazo no previsto y en circunstancias difíciles decida no abortar, es necesario crear un entorno favorable a través de apoyo económico, psicológico, etc., en el que se le ofrezcan opciones como la adopción. Solo de esta manera podrán las madres tomar la decisión de seguir adelante con el embarazo y no ver el aborto como la única opción. “Otro tema importante –asegura el portavoz de AFI– es hacer cumplir la actual legislación, perseguir activamente a los aborteros y clínicas clandestinas, así como a los abusadores. También es importante trabajar en el fortalecimiento familiar para que no exista ahí dentro una situación de violencia y sirva siempre de refugio para sus miembros”. Según FADEP, esta ley “deja vacíos legales que ponen en peligro a la mujer que aborte por causas naturales y también a la mujer que incurra en un aborto culposo, que no pretendía la muerte directa del no nacido”. Matrimonio homosexual Por otro lado, el proyecto, en su art. 16, proponía modificar el Código Civil para excluir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El cambio consistía en agregar la siguiente frase al art. 78 del Código: “Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Para AFI, esta prohibición no tiene sentido, ya que la legislación guatemalteca no permite el matrimonio homosexual. Finalmente, con el art. 18 del proyecto se pretendía proteger la libertad de expresión de las personas heterosexuales al decir: “Toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a compartir o participar de conductas y prácticas no heterosexuales. Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad”. Para los críticos, ese artículo es inconstitucional, pues invade la regulación de la libertad de expresión que corresponde a la norma de rango supremo, la Constitución de Guatemala. Además, según AFI, este artículo puede ser considerado como discriminatorio, ya que únicamente protege la libertad de expresión de las personas heterosexuales. Una intención que no se cumple Según Ligia Briz, directora ejecutiva de AFI, esta ley se hizo con el objetivo de velar por la defensa de la familia y de la vida, pero la redacción no contribuye a formar el ambiente necesario para que las familias puedan desarrollarse favorablemente. Además, AFI considera que la legislación actual de Guatemala cumple bien con su propósito de defender la vida y la familia, y es necesario luchar por que se respete, así como fomentar la protección de la familia y de la mujer a través de estos entornos favorables.

Una ley profamilia que no gusta a todos los profamilia

Apúntate a la newsletter

Whatsapp

Funcionalidad exclusiva para suscriptores de Aceprensa