La intimidación se ha convertido en la estrategia de algunos grupos para evitar debates públicos controvertidos y silenciar al discrepante.

Actualizado el 23-11-2009 En Estados Unidos, Planned Parenthood ha intentado silenciar a la ex directora de una de sus clínicas abortistas que denuncia el afán de lucro de esta organización. En el Reino Unido, el lobby gay protesta porque el Parlamento británico no considera delito las críticas a las prácticas homosexuales. Abby Johnson dirigió durante dos años la sede que tiene en Texas Planned Parenthood, la mayor proveedora de abortos de Estados Unidos. Planned Parenthood es en teoría una organización de planificación familiar, pero su principal fuente de ingresos y de beneficios son los abortos (289.650 realizados en 2006). El pasado octubre, la vida de Abby Johnson dio un vuelco al ver la ecografía de un feto de 13 semanas durante un aborto. Ahora, de la noche a la mañana, se ha convertido en una activa pro vida y ha comenzado a ofrecer su testimonio por todo el país. Probablemente, su caso no habría tenido mayor relevancia pública de no haber sido por la maniobra que emprendió Planned Parenthood para cerrarle la boca. Esta poderosa organización intentó intimidar a Johnson, haciéndole firmar un documento en el que se comprometiera a no revelar información sobre el centro que había dirigido. También le acusó de haber robado documentos confidenciales. A Johnson le sorprendió bastante este requerimiento. No sólo no se había llevado ningún documento, sino que además había declarado días antes a un periódico que no iba a revelar datos confidenciales sobre el centro (como los relativos a las mujeres que abortan). “No entiendo de qué tienen miedo”, dice. “Cuando vi el requerimiento, me quedé sorprendida. Lo primero que me pregunté fue: ¿qué es lo que piensan que sé?, ¿por qué se sienten culpables?” Lo que asustó a Planned Parenthood es que Johnson contase a la opinión pública las presiones que había recibido por parte de sus jefes para que captara a nuevos “clientes”. “En cada reunión, me decían: ‘No tenemos suficiente dinero. Necesitamos más abortos’”, explicó a Fox News. La idea de incrementar el número de abortos para que aumentasen los beneficios de la organización repugnó a Johnson. Poco a poco, empezó a plantearse lo que estaba haciendo. Lo que inclinó la balanza hacia la postura pro vida fueron las imágenes del feto, obtenidas por ultrasonido. “Me di cuenta de que no podía seguir con esto”. Un tribunal llamó a declarar a Abby Johnson. Steven H. Aden, un abogado del Alliance Defense Fund, se encargó de su defensa. La sentencia dio la razón a la antigua empleada y declaró que no había pruebas de que se hubiera llevado material confidencial del centro. Según Aden, no es la primera vez que Planned Parenthood emprende una maniobra semejante. “Esto es sólo un ejemplo más de sus técnicas de intimidación. Intentan silenciar a unas mujeres para que no cuenten a otras los fraudes que hacen. Johnson está diciendo la verdad y tiene derecho a hacerlo, porque la Constitución protege la libertad de expresión”. Discrepar no es “homofobia” Otra táctica de intimidación consiste en intentar que la ley prohíba la crítica de posturas defendidas por ciertos grupos, presentando las críticas como manifestaciones de odio. La semana pasada, el Parlamento británico se convirtió en el escenario de una nueva batalla en torno a la libertad de expresión. El año pasado se aprobó una ley que considera delito la manifestación de odio contra los homosexuales. La ley incluía una cláusula que distinguía entre la crítica y el odio: “Para evitar dudas, la discusión o la crítica de la conducta sexual o de las prácticas o el instar a las personas a abstenerse o a modificar tal conducta o prácticas, no debe considerarse en sí misma una amenaza o una instigación al odio”. El gobierno laborista intentó suprimir esta cláusula, pero se encontró con la oposición de la Cámara de los Lores, que ha querido salvaguardar la libertad de expresión también en este caso. Tras conocerse la noticia, LGTB Labour -un grupo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales asociado al Partido Laborista- mostró su malestar al gobierno: “La protección contra el odio homofóbico es un derecho importante para gays y lesbianas. Estamos profundamente decepcionados de que la nueva ley tenga esta exención en función de creencias religiosas”, dijo su copresidenta Katie Hanson. Se comprende la preocupación del colectivo LGTB por protegerse de las actitudes intolerantes. Lo que resulta más chocante es su concepción omnicomprensiva del “odio homofóbico”, que incluiría algo tan democrático como es el derecho a discrepar de las ideas ajenas. Tampoco se entiende la correlación que establece Hanson entre el apoyo a la cláusula y las creencias religiosas. A juzgar por los argumentos esgrimidos en la Cámara Alta, parece bastante claro que los que allí se estaba discutiendo era la libertad de expresión. Precisamente, ese fue el argumento que empleó en otra ocasión la misma Cámara para desestimar un proyecto de ley que pretendía tipificar como delito la incitación al odio de la religión. De manera que, hoy por hoy, los creyentes del Reino Unido estarían al menos tan desprotegidos como los homosexuales. La justificación última de la cláusula habría que buscarla en algunos abusos que se han dado recientemente. En un artículo publicado en el Daily Telegraph (16-11-2009), Philip Johnston cuenta el caso de una anciana, Pauline Howe, que escribió una carta a su ayuntamiento para protestar por una marcha gay a la que calificó de “manifestación pública de indecencia”. A los pocos días, Howe recibió la visita de dos policías que le dijeron que podría haber cometido un delito de instigación al odio. Algo parecido le ocurrió a Lynette Burrows, una pro-familia que sufrió un interrogatorio por decir en la radio que no debería estar permitida la adopción por parte de homosexuales. Johnston concluye su artículo con una reflexión final: “El gobierno ha de crear un marco para garantizar que las injurias son perseguidas de acuerdo con la ley. Pero no estamos hablando de eso. El problema está en querer suprimir unas ideas sólo porque hay un partido o un grupo de interés al que no le gustan. Esos grupos tendrán que aprender a convivir con ello, mientras estemos en una sociedad libre”. La Declaración de Manhattan Para evitar este tipo de presiones provenientes de la industria del aborto y del lobby gay, 125 líderes religiosos de tres confesiones cristianas (ortodoxos, católicos y evangélicos) firmaron el pasado viernes la Declaración de Manhattan. Se trata de un llamamiento a los cristianos para que no abdiquen de sus convicciones en los debates públicos sobre la vida, el matrimonio, la fe y la libertad. El manifiesto se abre con una auténtica declaración de principios: “Somos cristianos que nos hemos unido por encima de nuestras diferencias históricas, para reafirmar nuestro derecho -y, lo que es más importante, nuestra obligación- de hablar y actuar en defensa de estas verdades”. “Nos comprometemos ante nosotros y ante los demás creyentes a no dejarnos intimidar por ningún poder terreno, ya sea político o cultural (…). Con mucho gusto, daremos al César lo que es del César. Pero bajo ninguna circunstancia daremos al César lo que es de Dios”. La declaración aboga con firmeza por la libertad de expresión: “Resulta irónico que aquellos que defienden como derechos algunas prácticas inmorales, estén luego al frente de los que atropellan la libertad de los demás para expresar sus compromisos morales y religiosos con la santidad de la vida y la dignidad del matrimonio”. En tan sólo tres días, se han adherido al manifiesto más de 28.000 firmantes. Entre los más conocidos figuran: James Dobson, presidente y fundador de Focus on the Family; Leith Anderson, presidente de la National Association of Evangelicals; Timothy George, editor de la revista Christianity Today; y los arzobispos de Nueva York y Washington DC, Timothy Dolan y Donald Wuerl.

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