Primera selectividad sin trampas en Kenia

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El nuevo ministro de Educación keniano ha puesto fin a la corrupción que hinchaba las notas en el examen de ingreso a la universidad. Los resultados han sido tan desastrosos, que algunos se preguntan si, en este caso, la honradez es solución o problema.

La educación en Kenia no es cosa sencilla, y eso que se trata tal vez del sector económico más poderoso. Aparte de la agricultura y el turismo (este último en grave crisis, por la inseguridad), donde se la juega el país africano es en la formación de los ciudadanos jóvenes. Claro que la situación es diferente a la de los países occidentales: hay poca escuela pública, y esta no es gratuita; la privada no es necesariamente selecta, ni buena; y la franja de ciudadanos más pobres es la gran olvidada de los invitados al banquete.

Gracias a la compra del examen de ingreso a la universidad, algunos colegios obtenían cerca del 100% de sobresalientes entre sus alumnos

Los problemas se hacen patentes en los cambios de ciclo: de la primaria a la secundaria; de secundaria a la universidad. El primer salto es un examen llamado KCPE, y se realiza al terminar 8º (14-15 años). En 2016 se presentaron 920.000 estudiantes, de los que 200.000 no consiguieron el mínimo de 200 puntos sobre 500. Esos estudiantes quedarán excluidos de la educación secundaria. Más datos: solo 7.000 alumnos obtuvieron más de 400 puntos (lo que equivale a una A, o sobresaliente). Las cifras hacen ver que un 11% de los alumnos de 8º no saben hacer sumas que en teoría se aprenden en 2º de primaria, o son incapaces de hablar una palabra de inglés, la lengua cooficial y la que se usa en los estudios superiores.

El otro examen es para entrar en la Universidad. Se llama KCSE y es más dramático. Primero, porque las plazas universitarias son muy limitadas en los centros públicos (a los que se puede entrar con una beca si la nota obtenida es elevada). Se examinan 550.000 y las plazas públicas disponibles son 74.000. Además, para ser universitario se exige como mínimo una C+, o sea, 350 puntos sobre 500.

Era sabido que muchos colegios habían encontrado una solución pragmática: comprar las preguntas del examen a funcionarios del Ministerio de Educación, organizar clases especiales de preparación a un precio elevado, observar con orgullo cómo sus alumnos aparecían en las páginas de los periódicos como auténticos héroes del conocimiento. Hace un año hubo un colegio que obtuvo casi un 100% de sobresalientes entre sus alumnos. Muchos otros tenían tasas de éxito quizá un poco más discretas, pero exageradamente elevadas.

El ministro ataja la corrupción

Al Gobierno se le ocurrió poner orden. Nombró un ministro nuevo, Fred Matiang’i, que venía del Ministerio de Transporte con fama de honradez intachable, y puso manos a la obra. La primera medida fue hacer dimitir en pleno a la comisión para los exámenes nacionales, e investigar cómo era posible que con sus comedidos sueldos hubieran comprado determinados vehículos o casas. Esa investigación se extendió a otros funcionarios, y acabó hallando un camino de filtraciones que recorría el país de punta a cabo. Se hacía público así lo que todo el mundo sabía.

La segunda medida fue cambiar el modo de preparar el examen: lo confeccionaría un muy reducido número de personas, se imprimiría en el extranjero, llegaría en sobres cerrados a contenedores sellados en cada provincia y los directores de los colegios deberían ir a recogerlos el día del examen y custodiarlos bajo amenaza de incurrir en responsabilidades penales.

Las mafias de compra de exámenes intentaron frenar la selectividad sin trampas quemando colegios

Pero Matiang’i no tuvo en cuenta la cantidad de dinero que se movía en torno a ese examen: colegios que ganan así su prestigio y pueden subir las matrículas, profesores que logran un importante sobresueldo, funcionarios y policías que sacaban su parte de tajada, directores de centros educativos que aumentaban su poder y su nivel de vida, etc. El férreo control generó mucho malestar, y la vía de ataque (después de presionar desde todos lados diciendo que esas medidas eran “una locura”) fue quemar colegios. Instigados por las mafias de los exámenes, o por los mismos profesores, durante 2016 ardieron más de 120 escuelas (habitualmente los dormitorios, pues eran internados). Las llamas las iniciaban presuntamente alumnos, pero en seguida empezaron a ser detenidos profesores. Era una medida drástica de presión: se intentaba así interrumpir el año lectivo para poder volver a la situación anterior, y por eso algunos sindicatos de profesores pedían el cierre de todos los colegios “por motivos de seguridad”.

Pero no lo consiguieron. Matiang’i realizó el examen. A los pocos días denunció a un buen grupo de colegios –casi todos los de la presunta élite académica– porque matriculaban bajo su nombre únicamente a los alumnos brillantes, y a los más torpes los escondían con otras denominaciones, de modo que aseguraban su éxito. Pero la verdadera polémica se alcanzaría a finales de diciembre, con la aparición de los resultados definitivos del KCSE: apenas se han obtenido las codiciadas A (por ejemplo, Alliance School –la más prestigiosa– pasa de 207 a 14, un descenso del 93%; y en todo el país solo hay 141 estudiantes con A frente a los 2.700 del curso anterior), y el total de alumnos que han logrado el mínimo para optar a la educación universitaria (C+) es de 88.500, cuando el curso anterior fueron casi 170.000.

Los perjudicados

Sin embargo, ¿no es mejor un número menor de estudiantes, pero realista y honrado? No piensan así las universidades (públicas y privadas), que ven seriamente amenazada la posibilidad de llenar sus aulas (y de cuadrar sus presupuestos).

Al eliminar la corrupción, los aprobados han bajado de 170.000 a 88.500, y los sobresalientes, de 2.700 a 141

Esa situación nos puede conducir a una reflexión final: ¿cómo hay que curarse de la corrupción? Al parecer, un examen libre de trampas ha desvelado la desnudez del rey: la educación en Kenia, a pesar de ser su principal “industria”, es peor de lo que se quería reconocer. Y quizá esos alumnos no deban entrar en la educación superior porque sería entonces necesario bajar mucho el listón para adaptarse a su falta de conocimientos.

Mas, en ese caso, se condena al fracaso económico a las universidades (que también son un negocio) y se ciegan las salidas a decenas de miles de alumnos que quizá tienen notas tan bajas por la falta de calidad de la educación (pública y privada) en su país. Es decir, se condena a las víctimas (especialmente a los que vienen de ambientes de pobreza) por ser víctimas.

Matiang’i se encuentra, realmente, entre Escila y Caribdis.


Javier Aranguren ha sido profesor en Strathmore University (Nairobi) durante 18 meses


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