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«Made in Gaza»

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La Comisión Europea ha decidido revocar la exención de aranceles a los productos israelíes procedentes de los territorios ocupados. Cada año, Israel exporta a los países de la UE bienes por valor de 8.500 millones de dólares, de los cuales, 200 millones de dólares corresponden a productos de empresas con sede en los territorios ocupados.

En 1989, la UE firmó con Israel un Acuerdo de Asociación de libre comercio, para eliminar los impuestos a la exportación e importación. Desde entonces, la UE se ha convertido en el primer cliente del comercio exterior de Israel, al que compra la cuarta parte de los 34.000 millones de dólares que el país exporta cada año.

Cuando hace catorce meses comenzó la intifada, la Comisión Europea aconsejó a los 15 países miembros cobrar tarifas arancelarias a las mercancías fabricadas fuera de los límites de Israel antes de 1967. La mayoría de los países pasaron por alto la instrucción y los que comenzaron a cobrarlas (como Alemania, Grecia y Holanda: entre un 5% y un 11% del valor, según el producto), cedieron pronto a las presiones del gobierno israelí.

La medida no ha caído bien en Israel, que considera que la UE está utilizando una cuestión técnica para forzar el abandono de los asentamientos. Por su parte, los empresarios afectados afirman que si se imponen aranceles, las empresas cambiarán de lugar, pero los más perjudicados serán los 20.000 palestinos -según Israel- que trabajan en esas empresas.

En el fondo de la decisión está la opinión de la UE, que considera esos lugares una ocupación ilegítima de territorio palestino. Según Chakwi Armali (The Wall Street Journal, 20-XI-2001), representante de la Autoridad Nacional Palestina en la UE, «etiquetar los productos fabricados en nuestras tierras con ‘Made in Israel’ es un fraude».

Un año de «intifada»

En el informe Vidas rotas: un año de intifada, Amnistía Internacional (AI) hace recuento de víctimas y de violaciones de los derechos humanos en Israel y Palestina desde que comenzó la actual revuelta, a fines de septiembre del año pasado. Las fuerzas de seguridad de Israel han matado a cerca de 600 personas, y más de 150 han muerto a manos de grupos o individuos armados palestinos. Solo en los dos últimos meses han sido asesinados 150 civiles palestinos y al menos 15 israelíes. Durante el año de intifada han muerto más de 160 menores palestinos y 32 israelíes.

Más tarde, en una sesión del Comité de la ONU contra la Tortura (Ginebra, 20 de noviembre), AI ha acusado a las fuerzas del orden israelíes de recurrir cada vez más a la tortura en los interrogatorios a palestinos. Muchos arrestos, añadió AI, han sido mantenidos en secreto más de veinte días, sin permitir a los detenidos comunicarse con sus abogados ni con sus familias.

Aunque las autoridades israelíes dicen que solo atacan a terroristas palestinos, AI afirma que en muchos casos no consta que haya habido fuego palestino contra las fuerzas israelíes. El informe señala que, como las autoridades israelíes no investigan todos los casos sospechosos, de hecho se ha instaurado la aceptación de los homicidios y la impunidad para quienes han hecho uso ilegítimo de la fuerza. Tampoco la Autoridad Nacional Palestina en su ámbito ha investigado las causas de cada homicidio, ni apenas ha detenido a ningún culpable.

El informe añade que «Israel sigue aplicando una política deliberada de asesinar palestinos sospechosos de planear atentados contra israelíes. Más de 40 palestinos han sido ejecutados extrajudicialmente». Además, las autoridades israelíes han cortado prácticamente las comunicaciones con el mundo exterior de casi todas las poblaciones palestinas. Más de quinientas viviendas han sido demolidas en el último año, dejando en la calle al menos a 2.000 palestinos, niños en su mayoría. Además, se ha prohibido a los palestinos desplazarse por algunas carreteras de los territorios ocupados. De modo que todos los que viven en esas zonas están sufriendo un castigo colectivo, dice AI.

Así lo confirma, desde otro punto de vista, el Banco Mundial. El cierre de los territorios palestinos impuesto por Israel, al impedir a la población trasladarse para acudir al trabajo y cortar el acceso de los productos a los mercados, ha causado un fuerte aumento de la pobreza. Concretamente, ahora hay 400.000 pobres más que antes de la intifada. El total de pobres en Palestina alcanza así un millón de personas, la tercera parte de la población. Son, según la definición adoptada, familias que cuentan con menos de 2,1 dólares diarios por persona.

Otro estudio, elaborado por la oficina de la ONU en los territorios palestinos, revela cómo la población afronta el descenso de ingresos. La mayor parte (42%) vive de los ahorros; otros (40%), gracias a préstamos, y el resto (18%) han vendido parte de sus propiedades. Además, casi la mitad de la población recibe algún tipo de asistencia social.

Aparte están los que han optado por emigrar. Según datos de la Autoridad Nacional Palestina, desde el establecimiento de la autonomía los territorios palestinos han perdido por esta causa 150.000 habitantes.

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