En Estados Unidos, ocho de cada diez alumnos universitarios estudian en universidades públicas. Los precios relativamente bajos (4.000 dólares al año de media en el curso 2002-2003, frente a 18.200 dólares en las instituciones privadas) son una razón importante de su atractivo. Pero los problemas presupuestarios de los Estados están haciendo que suban las matrículas y a la vez se reduzcan las ayudas a los estudiantes. Se teme que en los próximos quince años se triplique el costo de los estudios, de modo que muchos jóvenes no puedan acceder a la universidad.
En la última década, el precio de la universidad ha subido un 38%, muy por encima de la inflación, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Pero este año las estrecheces presupuestarias de los Estados han disparado la tendencia en las universidades públicas. Por ejemplo, en el curso que comienza ahora, las matrículas suben el 39% en la Universidad de Arizona, el 30% en la de California, el 28% en la del Estado de Nueva York y el 25% en la de la ciudad de Nueva York.
El alza de las matrículas es paralela a la bajada de las subvenciones públicas. En 1980, las administraciones estatales y locales corrían con el 60% de los gastos corrientes de las universidades públicas, mientras que los estudiantes aportaban el 15% (el resto venía del gobierno federal y de otras fuentes). Veinte años más tarde, 9 puntos porcentuales se habían transferido del primer capítulo al segundo: 51% las subvenciones, 24% las matrículas.
Las ayudas directas a las familias van a bajar aún más a partir de 2004, en virtud de una medida fiscal tomada este año. La mayor parte de los subsidios (90.000 millones de dólares al año) viene determinada por una fórmula que calcula la renta familiar disponible para pagar la universidad. La última revisión se basa en datos de hace tres años, cuando los impuestos locales y estatales eran más bajos que ahora. De modo que desde el año próximo las familias tendrán que poner entre 200 y 1.100 dólares más, según la renta y el Estado, sin que el gasto adicional sea compensado por impuestos más bajos.
Muchas universidades públicas se ven obligadas a disminuir costos, además de aumentar los precios. Las medidas más comunes son meter más alumnos en cada grupo, reducir la oferta de cursos y despedir profesores. Lo malo de esto es la repercusión en la calidad de la enseñanza, que de rechazo hará perder a las universidades públicas alumnos de mayor poder adquisitivo en favor de las instituciones privadas, lo que a su vez contribuirá a empeorar las dificultades financieras.
Algunos Estados han puesto coto al alza de precios para que los estudiantes no carguen con todo el costo de la crisis. Una reciente ley de Illinois garantiza que la matrícula en la universidad pública se mantenga congelada durante los cuatro años de carrera para todo alumno residente en el Estado. El Estado de Washington ha optado por penalizar a los colleges, públicos o privados, que suban las matrículas más de determinados puntos porcentuales por encima de la inflación.
Pero estos controles de precios no resolverán la crisis si no van acompañados de mayores asignaciones a las universidades. La cuestión es de dónde sacar más recursos en estos tiempos de estrechez presupuestaria. Las universidades proponen que las ayudas condicionadas a la renta sustituyan a buena parte de las becas por mérito (para los estudiantes de buenas notas, aunque puedan pagar la matrícula) y de las deducciones fiscales (que, en términos absolutos, benefician más a los que más tienen).