En 1996, el gobierno británico introdujo cambios fundamentales en la ley del divorcio de 1969. Algunos aspectos de la reforma entraron en vigor enseguida, pero la aplicación del capítulo II se retrasó hasta el año 2000, para probarlo antes en experimentos piloto. Este capítulo dice que las parejas que quieran divorciarse han de esperar un año y recibir el consejo de expertos con vistas a la posible reconciliación. La misión de los consejeros sería evitar la separación, o al menos facilitar una salida amistosa a los problemas referidos a la custodia de los hijos y al dinero.
La mente del legislador perseguía terminar con la modalidad del divorcio rápido (ver servicios 62/95 y 149/95), que al basarse en motivos no sujetos a plazo y al reducir el tiempo mínimo de matrimonio exigido para poder solicitar el divorcio, había provocado una escalada de rupturas.
El fin de la espera de un año era que las parejas pudieran meditar las consecuencias del divorcio -especialmente si tenían hijos- y trataran de arreglar sus diferencias a través de una mediación obligatoria. El precio de la reforma fue eliminar las causas objetivas de disolución por incumplimiento de los deberes conyugales (como el adulterio).
Una de las principales objeciones al proyecto fue que si no se exigían causas objetivas no habría ningún obstáculo que superar ni posibilidad de detener el proceso. Por tanto, la reforma podría llevar al divorcio a petición, con una nueva escalada de divorcios: lo contrario de lo que se pretendía.
Después de estudiar los resultados de los experimentos, el gobierno laborista ha retrasado indefinidamente la entrada en vigor de la reforma, precisamente porque provoca el aumento de solicitudes.
La nueva modalidad de divorcio se ha ensayado con 9.000 personas. Sólo el 10% de las parejas aceptaron acudir a los encuentros preliminares -obligatorios según la ley- para recibir información. De los que fueron informados, sólo el 7% optó por la mediación para intentar llegar a acuerdos económicos o sobre la custodia de los hijos, y sólo el 13% decidió visitar a un consejero. Muy pocas parejas se convencen de evitar el litigio y casi el 40% salen de las reuniones con idea de buscar un abogado.