Análisis
Mientras en Irlanda un referéndum va a decidir la cuestión del divorcio (ver servicio 146/95), en Gran Bretaña el gobierno plantea una reforma legal para reducir la inestabilidad familiar producida por el divorcio fácil. Nadie desea que se generalice el divorcio. Pero la historia muestra que las leyes de divorcio no se quedan en medidas de excepción. Así se ve en la experiencia de Gran Bretaña, que tiene la más alta tasa de divorcio de Europa: cuatro matrimonios de cada diez se disuelven.
El proyecto del gobierno conservador afronta el cambio más importante en la regulación del divorcio desde 1969 (ver servicio 62/95). Antes, la legislación británica exigía siempre, para que se concediese el divorcio, una causa objetiva: era preciso acreditar ante el juez que una de las partes había faltado a sus compromisos. Los divorcios entonces eran mucho menos frecuentes que ahora. Pero empezó a decirse que, con ese sistema, los procesos de divorcio resultaban muy conflictivos y daban lugar a escenas desagradables en los tribunales, y que esa acritud incluso perjudicaba las posibilidades de reconciliación.
En consecuencia, la reforma de 1969 eliminó en parte el principio de la falta e hizo menos riguroso el procedimiento. Admitió el divorcio tras la separación de hecho: a los dos años o a los cinco, según hubiera o no mutuo acuerdo. Y mantuvo tres causas objetivas de disolución: adulterio, comportamiento «irrazonable» y abandono del hogar durante dos años.
El resultado de la reforma fue una escalada del divorcio. Dentro del primer año de vigencia, las disoluciones casi se duplicaron, y han seguido aumentando desde entonces. A finales de los años 70, los tribunales estaban desbordados, por lo que se consideró que lo realista era facilitar más las cosas. Así, se suprimió la necesidad de celebrar vistas en los tribunales. Las causas objetivas de disolución dejaron de ser un freno. De modo que apareció un fenómeno no previsto por los legisladores: el llamado «divorcio relámpago» (quickie divorce), que es el que se basa en alguno de los motivos no sujetos a plazo (adulterio o comportamiento «irrazonable»). Hoy, tres de cada cuatro demandas de divorcio alegan esas causas, y en tales casos el procedimiento no suele durar más de seis meses.
Esta celeridad es la que ahora se lamenta, pues trivializa el divorcio y no da tiempo a buscar la reconciliación. Por eso un informe del Lord Canciller, Lord Mackay, propone una espera mínima de un año, aunque al precio de eliminar las causas objetivas. La propuesta ha sido recogida en un proyecto de ley que probablemente el gobierno remitirá al Parlamento dentro de poco.
Las intenciones y los resultados
Las intenciones declaradas del Canciller son fortalecer la institución matrimonial, que debe ser un compromiso para toda la vida. Pero, reconociendo que muchos matrimonios se rompen de hecho, la reforma pretende dar a las partes más oportunidades de reconciliarse. Para eso, elimina la disolución por incumplimiento de deberes conyugales y establece una mediación obligatoria para que los esposos arreglen sus diferencias. De esta forma, Lord Mackay espera que muchos matrimonios se salven durante los doce meses de reflexión.
Sin embargo, a la vista de la experiencia pasada, no pocos creen que el proyecto logrará lo contrario de lo que pretende. Si no se exigen causas objetivas, bastará que uno solo de los cónyuges solicite el divorcio. Será preciso esperar un año, pero no habrá ningún obstáculo que superar ni posibilidad de detener el proceso. La mediación será en la práctica un mero trámite.
Así concluye Ruth Deech, directora de St. Anne’s College (Oxford), en su análisis, publicado en The Spectator (4-XI-95). El divorcio a petición, afirma, supone vaciar de contenido el contrato matrimonial: convertirlo en un mero acuerdo privado, no teniendo en cuenta su relevancia social ni el interés de terceros, sobre todo los hijos.
Deech niega que en la actualidad los procesos de divorcio sean agrios y escandalosos. El conflicto viene después, cuando se trata de llegar a acuerdos económicos o sobre la custodia de los hijos, o a la hora de hacer cumplir esos pactos. Y tales disputas surgen también en muchos casos en que el divorcio fue «civilizado». Pero la reforma propuesta no supondrá mejora alguna a este respecto.
En 1969 se dijo que la nueva ley, por ser más realista y no impedir la disolución de matrimonios irremediablemente rotos, haría que disminuyeran los nacimientos ilegítimos y la cohabitación, y que se estabilizase la tasa de divorcios. En realidad, los tres fenómenos han aumentado de modo drástico. Deech explica cómo ha ocurrido.
«La historia muestra que cada vez que se cambia la ley de divorcio, la tasa sube. El ascenso de la tasa desborda los cauces legales existentes». Esto lleva a cambiar los procedimientos para que se pueda tramitar el creciente número de demandas. Al cabo de pocos años, se comprueba que los procedimientos se han separado mucho de lo previsto en la ley, y se considera preciso cambiar ésta, para adaptarla a la realidad. Con la reforma nunca se pretende fomentar el divorcio, sino responder a una necesidad. Pero la gente no percibe las buenas intenciones del legislador: «Sólo sabe que hay más facilidades para divorciarse y que el divorcio no supone ningún estigma. Este es el proceso al que inevitablemente conducen tales reformas».
Rafael Serrano