La mujer podría abortar sin condiciones durante las 12 primeras semanas del embarazo, si sale adelante la propuesta del partido socialista que se votará en el Congreso el próximo día 22. Es la segunda vez que el PSOE presenta la propuesta en esta legislatura, tras ser rechazada por un empate el pasado febrero.
Desde 1985 el aborto está despenalizado en los casos de violación, malformación del feto y peligro para la salud física o psíquica de la madre (el 97% de los abortos invocan la salud psíquica). En 1996 hubo 51.000 abortos legales y 359.000 nacimientos, lo que supone que uno de cada ocho embarazos terminó en aborto.
La propuesta del PSOE añade un nuevo supuesto para permitir el aborto durante las 12 primeras semanas si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social grave. El único requisito será que la mujer mantenga una entrevista en un centro acreditado, donde le informarán de las alternativas y ayudas con que cuenta, y tomarse tres días de reflexión. En el mismo pleno del Congreso se votarán otros dos propuestas sobre el aborto, presentadas por Izquierda Unida y Nueva Izquierda, que defienden una ley de plazos -aborto legal durante las primeras 14 y 16 semanas respectivamente-, pero que tienen pocas probabilidades de salir.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal española ha publicado una nota muy firme en la que califica estas propuestas de «radicalmente inmorales» y anima a toda la sociedad y especialmente a los católicos a resistir a su aprobación.
Los obispos afirman que «estas proposiciones son todavía más injustas que la actual legislación despenalizadora», pues dejan la vida del hijo concebido a disposición de la voluntad soberana de la madre, tras un trámite de información. «Bastará con que ella piense que el niño le perjudica de alguna manera». «Además, se niega a los profesionales de la sanidad el derecho a la objeción de conciencia».
La Iglesia es consciente, dicen los obispos, de las dificultades que pueden influir en la decisión de la mujer de recurrir al aborto. «Pero no se puede admitir desde el punto de vista ético que para resolver esas dificultades se autorice o permita la eliminación de la vida del ser que ella ha concebido. Por ello, denunciamos con toda energía estas Proposiciones vergonzosas que amplían las posibilidades de matar a los hijos que aún no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos». Los obispos piensan que «la legislación actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situación, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida».
Tras apelar a la responsabilidad moral de los legisladores, la nota advierte que «contravenir la ley natural que nos pide respetar el derecho de todo ser humano a la vida, no sólo es una gravísima injusticia sino un acto de despotismo».
Legislación y jurisprudencia
La propuesta del PSOE coincide básicamente con el proyecto que el gobierno socialista intentó hacer aprobar en 1994 y 1995, sin conseguirlo, y que ya entonces fue analizado en algunos artículos e informaciones de Aceprensa, que ahora recordamos. En el suplemento 5/95 (19-VII-95) se recogían diversas ideas en torno al debate del aborto. En el servicio 128/94, el jurista Benigno Blanco hacía un análisis de la aplicación de la ley del aborto de 1985 y del cambio legislativo propuesto. La iniciativa, se decía allí, responde a un objetivo claro: «Lo que se quiere es arbitrar el medio para que el aborto sea visto por la sociedad como parte de la libertad que dignifica a la persona. No basta con que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar (este problema no existe): la meta es que los españoles perciban el aborto como un derecho». Aunque el Tribunal Constitucional exigió en su día el requisito de que exista un conflicto entre la vida del no nacido y ciertos derechos fundamentales de la gestante, la nueva regulación no es más que el aborto libre disfrazado.
Un agudo análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto y la eutanasia puede encontrarse en el libro de Andrés Ollero Derecho a la vida y derecho a la muerte (Rialp, Madrid, 1994). El autor concluye que, a pesar de la doctrina del Tribunal, presuntamente equilibrada, a la hora del conflicto el nasciturus queda desprotegido, situación que se acentúa con la nueva legislación propuesta (cfr. servicio 97/94).
Un aspecto llamativo de la propuesta del PSOE es el no reconocimiento de la objeción de conciencia de los médicos en el caso de que el aborto «fuera urgente por existir riesgo vital para la gestante» (art. 4). Este artículo no hace justicia ni a la realidad médica ni a la objeción de conciencia (cfr. servicio 97/94). José Zamarriego, miembro del Comité Ético de la Sociedad Española de Ginecología, ha declarado a Diario Médico (10-IX-98) que «el supuesto que prevé la ley no existe en la práctica. En situaciones de urgencia, el médico se enfrenta a abortos en curso, no a patologías que exijan el aborto como solución terapéutica».
Mientras socialistas y comunistas pretenden una «ampliación» del aborto para adecuarla a la legislación europea, en Francia la legislación española se considera tan permisiva que más de 500 francesas acudían en 1995 a abortar a Barcelona, por haber superado las 10 semanas de gestación, plazo legal para el aborto libre en su país (cfr. servicio 55/97).