Una «inmigración escogida y no ya sufrida» es la principal directriz de un anteproyecto de ley sobre acogida e integración de los inmigrantes, presentado por el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy. La nueva ley implantará un sistema de selección de inmigrantes en función de su cualificación y endurecerá los requisitos para la reagrupación familiar.
Se concederán permisos de residencia de tres años de duración para profesionales altamente cualificados que se necesiten en Francia (científicos, intelectuales, empresarios, deportistas de alto nivel…) Para los estudiantes extranjeros, habrá un sistema de puntos según varios criterios (nacionalidad, nivel de estudios, carrera universitaria elegida, dando prioridad a los que opten por estudios donde falten alumnos); y habrá un permiso especial para «los mejores estudiantes», con la contrapartida de que deberán regresar a su patria al término de sus estudios, para no privar a estos países de sus mejores talentos.
La admisión de trabajadores no cualificados se hará en función de las necesidades laborales. El gobierno elaborará cada tres años sus previsiones de concesión de permisos de residencia en función de la capacidad de acogida en materia de empleo, vivienda y educación.
Los inmigrantes que aspiren a quedarse en Francia deberán firmar un «contrato de acogida e integración» por el que se comprometerán a respetar los valores de la República, cumplir sus leyes, aceptar la igualdad entre hombre y mujer y aprender la lengua. Los prefectos y alcaldes deberán verificar que el contrato se cumple antes de otorgar un permiso de residencia de diez años. El incumplimiento podrá dar lugar a la expulsión.
La nueva ley endurecerá las condiciones para la reagrupación familiar, principal fuente de la inmigración legal en Francia. Para pedirla el inmigrante deberá demostrar que lleva en Francia más de 18 meses, mientras que antes bastaba un año; también se elevan los criterios de ingresos y vivienda disponible para acoger a la familia.
El matrimonio de una persona extranjera en situación irregular con una francesa no implicará de manera automática la concesión del permiso de residencia: deberá justificar tres años de vida en común y respetar el contrato de integración.
Críticas musulmanas a un cuestionario alemán de nacionalización
La idea de exigir a los inmigrantes musulmanes el respeto a los valores del país de acogida inspira un nuevo cuestionario utilizado por el gobierno regional de Baden-Wuerttemberg para los candidatos a la nacionalización. El cuestionario fue introducido a principios de año por el gobierno regional (coalición de democristianos y liberales) y ha despertado protestas de los musulmanes.
Entre las 30 preguntas del cuestionario figuran: ¿Qué le parece la afirmación de que la mujer debe obedecer al marido y de que éste le puede pegar si no le obedece? ¿Qué le parece que en Alemania los homosexuales puedan ocupar cargos públicos? Los autores de los atentados de Nueva York y de Madrid ¿eran a su parecer terroristas o luchadores por la libertad?
Las preguntas deben ser contestadas por los musulmanes originarios de los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica que, después de cumplir los plazos previstos, aspiren a la naturalización. El cuestionario no se aplica a miembros de otras religiones o nacionalidades.
El Presidente del Consejo Central de los Musulmanes de Alemania, Nadeem Elyas, declaró que el cuestionario supone «una discriminación ilegal de todos los musulmanes» y «trata de institucionalizar la sospecha de que todos son terroristas y enemigos de la Constitución». Los líderes de la comunidad turca -la principal comunidad inmigrante, con dos millones de personas- aconsejan no contestar a las preguntas.
Los socialdemócratas y los Verdes han pedido que se retire el cuestionario. Sin embargo, el ministro del Interior de Baden-Wuerttemberg, Heribert Rech, confirmó que se mantendrá. Rech defiende el «test» asegurando que diversos estudios muestran que gran parte de los musulmanes que quieren acceder a la nacionalidad alemana no reconocen las bases del Estado de Derecho alemán. Y declaró que no se puede cerrar los ojos ante los casos de mujeres musulmanas que viven en Alemania y cuyos derechos son pisoteados por sus propios familiares.
Según la ley de inmigración que entró en vigor en 2005 bajo el gobierno de Schroeder, se puede expulsar del país a los sospechosos de terrorismo y a los «predicadores del odio», sin necesidad de condena formal de un tribunal.
También ha dado lugar a una amplia polémica la decisión tomada en un colegio de secundaria de Berlín de que los alumnos utilicen exclusivamente el alemán no solo en clase sino también en el recreo, en las excursiones y en otras actividades. La medida se adoptó hace un año, aunque es ahora cuando ha atraído la atención pública.
Se trata de un colegio donde el 90% de los alumnos son de origen no alemán y proceden de 10 países. Los directivos dicen que la medida no se ha impuesto de modo autoritario, sino con el apoyo de la mayoría de los estudiantes y por sus padres. Las familias consideran que hablar un buen alemán es clave para el progreso social de sus hijos. De hecho, el colegio, situado en un barrio con fuerte inmigración, ha recibido más solicitudes de inscripción que ninguna otra escuela del vecindario.
Este resultado no convence a los críticos, que dicen que la imposición de una lengua interfiere en el libre desarrollo del individuo. Políticos de la oposición de izquierdas y las organizaciones de inmigrantes turcos han protestado contra ella.
Holanda: examen lingüístico y cívico
En Holanda, el Parlamento aprobó el pasado enero una modificación a la ley de extranjería que establece que los candidatos a la inmigración superen un examen sobre la lengua y cultura holandesa. El examen, que el candidato deberá hacer en su país de origen, es una condición previa para la solicitud de permiso de estancia (cfr. Aceprensa 53/05).
La ministra de Inmigración, Rita Verdonk, levantó una polvareda a finales de enero al proponer que en la calle se hable solo holandés para favorecer «la armonía social». Luego matizó que no se trata de impedir a ningún extranjero el uso de otra lengua, sino de que los que van a residir permanentemente en Holanda utilicen el holandés como lengua social.
La propuesta de la ministra va en la línea del código de conducta puesto en marcha en Rotterdam. El código establece siete reglas básicas de respeto mutuo y rechazo de la discriminación racial, religiosa o ideológica. También dice que el holandés es la lengua de uso social: «lo hablaremos en la escuela, en el trabajo, en la calle y en el barrio». Este código informal no establece obligaciones, sino recomienda lo que sería deseable.
Holanda tiene una población total de 16 millones de habitantes, de los que un 17% son de origen extranjero. Las principales comunidades de inmigrantes son la turca y la marroquí.