La High Court de Londres ha fallado esta mañana en contra del gobierno de May en el principal de los pleitos interpuestos contra el Brexit (ver artículo relacionado). La sentencia obliga al ejecutivo a recabar el apoyo del Parlamento para activar el mecanismo de salida de la Unión Europea.
La sentencia explica que la pretensión del ejecutivo de invocar unilateralmente (sin el beneplácito del Parlamento) el artículo 50 del Tratado de Maastrich, para abandonar la UE, no encuentra respaldo legal suficiente en la Prerrogativa Real. Aunque esta efectivamente concede ciertos poderes legislativos al gobierno en representación de la corona, y pese a que entre ellos se encuentra la potestad de hacer o deshacer tratados internacionales, el fallo señala que poner en marcha el Brexit “inevitablemente tendría el efecto de modificar la legislación nacional”, algo para lo que la Prerrogativa Real no da autoridad.
El gobierno de May ha señalado en varias ocasiones que el resultado del referéndum suponía un “mandato” del pueblo inglés, cuyo cumplimiento era de obligación moral. Sin embargo, en lo legal, el principal argumento del ejecutivo era que cuando el Parlamento aprobó la European Communities Act, la ley de 1972 por la que el Reino Unido se adhirió a la UE, implícitamente daba por supuesto que la corona mantenía su prerrogativa para abandonar la Unión. No lo ve así la corte: “No hay nada en el texto de 1972 que apoye esta interpretación”. Según los jueces, la opinión del ejecutivo contradice, además, el primero de los principios constitucionales británicos, la soberanía del Parlamento.
Aunque aún no ha habido anuncio oficial, todos los medios dan por hecho que el gobierno de May recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El fallo de la corte de Londres frena de golpe el optimismo de los brexiters, después del espaldarazo de la justicia norirlandesa, que hace pocos días rechazó el argumento de que el Brexit tuviera que ser aprobado también por el Parlamento del Ulster.