Hace dos años y medio se aprobó en Estados Unidos una reforma educativa que es criatura predilecta del gobierno de Bush (ver servicio 179/01). La ley, llamada «No Child Left Behind» (Que ningún niño se quede atrás), pretende elevar la calidad de la enseñanza y, muy en particular, acabar con la hiriente desigualdad entre los chicos de clase acomodada y los de familias pobres o de minorías, atrapados en escuelas públicas deficientes. Al año de la reforma, el debate sobre su eficacia se centró en la financiación, insuficiente, según algunos (ver servicio 8/03). Ahora se hace un balance más matizado, que detecta los primeros resultados de la ley y también sus limitaciones.
La ley impone a los estados evaluar a los alumnos mediante exámenes normalizados, que han de implantarse de modo gradual hasta 2014. La financiación federal, que la ley amplía, está condicionada a los resultados obtenidos. Para las escuelas públicas que no alcancen los mínimos establecidos para cada fase de aplicación de la reforma, se prevén estímulos y castigos. Así, el estado tiene que tomar el control de la escuela y destinar más recursos; en último término, el centro tendrá que ser transformado en una «charter school», autónoma y con nuevos administradores. Los alumnos de colegios deficientes tienen derecho a recibir lecciones supletorias con tutores pagados por el erario público, o a ser transferidos a otra escuela que dé la talla. Las notas de los chicos de minorías se consideran por separado, para calibrar si la escuela los desatiende; si así sucede, se aplican los correctivos aunque la media de todos los alumnos sea satisfactoria.
El balance provisional muestra que en muchos lugares han mejorado los resultados de las escuelas (cfr. «The Wall Street Journal», 18-08-2004). Pero esto es en parte mérito de la reforma y en parte simple maquillaje de las estadísticas. La ley ha sido ciertamente un estímulo que ha movilizado a las autoridades educativas. No faltan ejemplos de escuelas revitalizadas, donde se ha impuesto un nuevo ambiente de exigencia a los alumnos y a los profesores. Se han llevado a cabo programas especiales de formación para el personal docente y se ha insistido más en los conocimientos básicos, como lengua y matemáticas.
Pero también abundan casos en que los estados han subido los resultados de sus escuelas más problemáticas por el procedimiento de bajar el listón, para que más alumnos aprueben los nuevos exámenes. O bien han definido proporciones muy elevadas de alumnos de minorías para que los resultados de ellos puedan contar como índice de que la escuela los «deja atrás». Esto es un secreto a voces, y las autoridades educativas lo justifican diciendo que no pueden o no consideran adecuado aplicar los correctivos previstos en la ley. En particular, dicen, muchos distritos no tienen suficientes escuelas buenas a las que transferir alumnos de las malas. De hecho, el pasado año 1,2 millones de estudiantes en total habrían tenido derecho a cambiar de colegio, pero solo pudieron hacerlo unos 67.000, y los que recibieron tutorías fueron no más de 113.000. Esto muestra las limitaciones de la elección de escuela, uno de los pilares de la ley, cuando no hay bastantes opciones entre las que elegir, y del estímulo de la competencia, otro pilar, en un mercado tan peculiar como el de la enseñanza, dicen expertos consultados por «The Christian Science Monitor» (7-09-2004).
En consecuencia, en varios estados han surgido movimientos de oposición a la ley, incluso entre políticos republicanos. Más de diez estados han aprobado disposiciones contrarias a los aspectos más duros de la reforma, aunque sin discutir los objetivos generales.
La resistencia ha conseguido que el Departamento federal de Educación se muestre más suave, renunciando en ocasiones a exigir el cumplimiento estricto de la reforma. Pero también se ha puesto firme con los estados, como Utah, que planteaban una rebelión formal. La amenaza de retirar la financiación federal sirvió para que Utah volviera al redil. Lo previsible, pues, es que la reforma se siga aplicando, pero con gasas, y los estados sigan maquillando las estadísticas.