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EE.UU.: hacia un sistema de capitalización de las pensiones

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El sistema público de pensiones norteamericano es solvente, hoy por hoy. Pero en el próximo siglo, cuando se haya jubilado la generación del baby boom, no habrá suficientes activos para sostenerla. Para prevenir la crisis, en 1994 el gobierno de Bill Clinton encargó a una comisión de expertos el estudio de un sistema que garantice las pensiones en los próximos 75 años. Al final, la comisión no ha podido llegar a una propuesta unánime. Los trece consejeros se han dividido en torno a tres soluciones, pero todos coinciden en recurrir a las inversiones en valores bursátiles.

La Seguridad Social estadounidense funciona según el sistema de reparto: con las cotizaciones que se ingresan se pagan las pensiones. Hasta ahora siempre ha habido un excedente de capital, pues el sistema ingresa más dinero del que reparte; pero recibe de la población activa menos de lo que les promete pagar en el futuro. El excedente, que se acumula en un fondo fiduciario, se invierte en títulos del Tesoro, para financiar gastos públicos.

En el próximo siglo, el sistema de pensiones pasará apuros. La proporción entre cotizantes y pensionistas -3,3 actualmente- se reducirá a 2,9 en el 2010 y 2,4 en el 2020. El coste de las pensiones será mayor que los ingresos: se estima que en el 2029 las cotizaciones cubrirán sólo el 76% de las pensiones.

Los expertos coinciden en que conviene reducir la garantía federal de las pensiones y pasar a un sistema de capitalización parcial. La primera solución, suscrita por seis de los trece miembros de la comisión, aconseja invertir en bolsa parte de los excedentes del fondo fiduciario. Por ley, el sistema de pensiones sólo puede invertir en bonos del Estado. Son valores seguros, pero sólo dan un interés del 2,3%, mientras que el mercado bursátil proporciona un 7% de media. Los que defienden esta opción afirman que bastará invertir en bolsa parte de los fondos, de forma progresiva, de manera que en el 2015 el 40% de los excedentes estaría en forma de acciones.

La segunda opción, defendida por dos miembros de la comisión, es que la Seguridad Social garantice sólo una pensión mínima y el resto provenga de rendimientos de inversiones en bolsa. Para ello, cada trabajador tendría que ingresar obligatoriamente, a partir de 1998, el 1,6% del sueldo en una cuenta personal de jubilación gestionada por el Estado. Ese dinero se invertiría en títulos privados, con el fin de obtener mayores rendimientos. Los impuestos tendrían que subir para implantar el sistema, pero se podría bajar progresivamente las pensiones mínimas garantizadas, gracias a los beneficios que los trabajadores obtendrían de las inversiones.

Los cinco miembros restantes hicieron la propuesta de capitalización individual más radical. Habría también una pensión mínima garantizada, pero más baja; los trabajadores tendrían que ingresar el 5% del salario en cuentas personales, pero la gestión correría por entero a cargo de cada uno. Una vez jubilados, recibirían la mitad de la pensión media actual, más una cantidad de dinero mayor o menor, según la habilidad con que hubieran invertido sus propios fondos.

Ahora toca decidir al gobierno y al Congreso. Se prevé que ninguna de las tres soluciones sería popular, porque la gente cree que al jubilarse recibe los frutos de sus cotizaciones de toda la vida y se resiste a que sus pensiones dependan del inseguro comportamiento del mercado bursátil. Cuanto menos se aproxime a la capitalización, más posibilidades tendrá una propuesta de obtener el favor del público, pero menos asegurará la solvencia futura del sistema. Por otra parte, la capitalización individual sería beneficiosa para la economía en cuanto aumentaría la tasa de ahorro; pero exigiría más impuestos, contra lo que se cree. La razón es que el sistema actual supone, para el Estado, una fuente de financiación barata (la deuda pública en que invierte la Seguridad Social); si la pierde, tendrá que obtener créditos a superior costo: lo que se ahorraría pagando menos pensiones se iría por otro lado.

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