El Tribunal Supremo de Canadá ha ratificado la ilegalidad de la cooperación al suicidio en el caso de una mujer, aquejada de parálisis progresiva, que la solicitaba. Por tanto, no se modificará el Código Penal, que condena esa conducta, con lo que se cierra así una etapa del debate sobre la eutanasia en este país.
Por 5 votos contra 4, los jueces han sentenciado que el Código Penal vigente no viola los derechos constitucionales, y han sostenido que el carácter sagrado de la vida precede al deseo individual de morir.
Este caso de cooperación al suicidio llegó al Tribunal Supremo por el recurso de Sue Rodríguez, una mujer con el mal de Lou Gehrig -la enfermedad que padece Stephen Hawking-, esclerosis incurable que lleva a la parálisis completa. Sue Rodríguez, de 43 años y madre de un hijo, quería que un médico pudiera matarla con una inyección cuando ella lo pidiese.
Pero la ley castiga con 14 años de cárcel a quien coopere a un suicidio. Según uno de los cinco jueces de la mayoría, se debe mantener la pena establecida, pues protege a las personas vulnerables «que, en momentos de debilidad, podrían ser inducidas a cometer suicidio». El dictamen del tribunal concluye que «teniendo en cuenta el peligro de abusos y que es muy difícil elaborar garantías adecuadas, la prohibición general de la cooperación al suicidio no es arbitraria ni injusta».
Por otro lado, la directora de la Asociación quebequense de enfermos de Lou Gehrig afirma que no todos quieren seguir el ejemplo de Sue. «Algunos rechazan la respiración artificial, pero piden que les alivien los dolores. Esto es lo más importante para la mayoría de los enfermos».