La ONG berlinesa Transparency International (TI) acaba de publicar el Índice de Percepción de la Corrupción 2002 (CPI), una encuesta que refleja las percepciones de empresarios y analistas, residentes o no, en 102 países. El informe se publicó por primera vez en 1995, sin embargo, TI advierte que no se pueden comparar los resultados con los de años anteriores, pues cada año cambia la muestra y la metodología.
Según Peter Eigen, presidente de TI, «setenta países obtuvieron una puntuación inferior a 5, sobre un total de 10, en el CPI 2002». Bangladesh -en último lugar-, Nigeria, Paraguay, Madagascar, Angola, Kenya e Indonesia son los más corruptos. En cambio, tienen niveles de corrupción muy bajos Suecia, Singapur, Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia -en cabeza-.
Hay buenas noticias de Europa del este, donde algunos países excomunistas se perciben cada vez como menos corruptos. Eslovenia (puesto 27) y Estonia (29), por ejemplo, han quedado en mejor posición que Italia (31). Rusia (74), en cambio, tiene aún mucho camino por delante, a pesar de las recientes reformas fiscales y leyes para luchar contra el blanqueo de dinero introducidas por el gobierno de Putin.
TI señala que los países desarrollados tienen una responsabilidad especial en la lucha contra la corrupción. Según el Banco Mundial, «hay pruebas de que los niveles altos de corrupción tienen mucha relación con el crecimiento económico lento y los bajos niveles de renta per cápita de muchos países». Y al contrario, se ha observado que la entrada de inversiones extranjeras está relacionada con los bajos niveles de corrupción. Por ejemplo, Chile (17) y Estonia (29) atraen más capital extranjero que Panamá (67) o Venezuela (84), de riqueza similar pero más corruptos.
Respecto a la responsabilidad, Estados Unidos tiene una ley, la Foreing Corrupt Practices Act (1977), que prohíbe la corrupción en el comercio internacional. Gran Bretaña aprobó recientemente una ley para perseguir las prácticas comerciales ilegales en Gran Bretaña de empresas nacionales y sus filiales en el extranjero. Por último, la OCDE aprobó en 1997 la Convención Anti-Soborno, ratificada por 35 países, que considera delito el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
No obstante, las leyes no han sido muy disuasorias por el momento. La ley estadounidense fue atenuada en 1988 ante la presión de los exportadores que se quejaban de estar en desventaja frente a los de otros países. Además, se ha demostrado que se puede burlar utilizando filiales extranjeras. En cuanto a la británica, nunca se ha perseguido ninguna práctica irregular en el extranjero ni ahora ni con la anterior legislación.
Algo similar ocurre con la Convención Anti-Soborno. El IPC complementa el Índice de Fuentes de Soborno (BPI), que mide la propensión de las empresas extranjeras a sobornar en los países de economías emergentes. El BPI, publicado en mayo, reveló altos niveles de soborno realizados por empresas de Rusia, China, Taiwán y Corea del Sur, seguidos de cerca por Italia, Hong Kong, Malasia, Japón, Estados Unidos y Francia. Muchos de estos países han firmado la Convención.
Mientras tanto, la mayoría de las empresas desearían acabar con la corrupción. Se estima que en Uganda, el pago de sobornos incrementa un 8% el gasto de las empresas. Es decir, reduce sus beneficios. Si siguen pagando es porque muchos creen que el soborno es la única vía para hacer negocios en algunos países. Además, las empresas han asumido que cuando desembolsan los llamados pagos de «facilitación», en realidad están pagando un dinero que facilita las operaciones: algo muy distinto de los megasobornos con poder de alterar la dirección de suculentos contratos con el gobierno.
El problema de los pagos de «facilitación» (pequeños regalos, invitaciones) es que no son delito según la Convención Anti-Soborno, ya que no se hacen «para obtener o conservar contratos u otros beneficios irregulares». Pero está admitido que son el primer paso del círculo vicioso que termina en grandes contratos.
Según The Economist (2-III-2002), ninguna de estas prácticas es esencial para hacer negocios. De hecho, muchas empresas las han prohibido sin poner en peligro sus beneficios. El único problema es actuar aisladamente, pues eso sí puede dejar en desventaja a la empresa respecto del resto de competidores, que siguen pagando. De manera que se puede avanzar mucho más si las empresas acuerdan no ceder en estas prácticas. Al fin y al cabo, todas desean terminar con los sobornos y se acaban enterando de quién ha roto la baraja.